Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Las explicaciones que dio dicho profesor, relacionando esta disposición
con una mucho más amplia que se había concebido para el artículo
20 de la Constitución, no han sido consideradas por la Subcomisión y,
probablemente, tampoco lo serán. Pero se propuso esta fórmula como una
manera de impedir que algunas autoridades quedaran al margen de la
posibilidad de obtener que, por medio de un tribunal, sus decisiones y sus
resoluciones pudieran ser revisadas. Entonces, este artículo, en cierta
medida, sería innecesario.
El señor ORTUZAR (Presidente) destaca que si se ha creado el
recurso de protección para conocer de los actos u omisiones que importen
prohibición, perturbación o amenaza para el ejercicio de determinadas
garantías constitucionales; si se va a crear tribunales contenciosoadministrativos
destinados a conocer de los actos abusivos o arbitrarios en
que puedan incurrir las autoridades políticas o administrativas, y si,
además, en un artículo transitorio, mientras no se creen esos tribunales, se
establecería que ningún tribunal podría excusarse de conocer de una acción
judicial que implicara una contienda so pretexto de no tener competencia,
aparentemente, esta disposición que a primera vista aparece tan amplia y
que da facultades a los tribunales incluso para conocer de los casos u
omisiones de las autoridades legislativas no tendría objeto. Le parece
realmente excesiva.
La señora BULNES sin referirse al texto mismo, y tomando un poco
de base en lo que decía el señor Bertelsen, expresa que el principio de la
inexcusabilidad está establecido en el Código Orgánico de Tribunales, en la
ley, y en términos mucho más restringidos.
Da lectura al texto: “Reclamada su intervención en forma legal y en
negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad
ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”.
Ese es el principio de la inexcusabilidad que está consagrado en el artículo
10 del Código Orgánico de Tribunales. En principio, opta por mantener la
situación actual, porque en ese punto es partidaria de las constituciones
breves, sumarias, que contengan principios, y de entregar a la ley la
regulación de ellos. Sobre todo, en un periodo de inestabilidad institucional,
en el cual será precisamente la vida de la norma la que irá diciendo cómo
puede modificarse. El camino intermedio sería la ley constitucional, pero no
la Constitución reglamentada.
El señor CARMONA expresa su inquietud por los amplios alcances de
la disposición propuesta, en la que se habla de “acción u omisión de las
autoridades administrativas”. ¿Qué se entiende por “omisión”? Si el día de
mañana, por ejemplo, el Congreso Nacional no dictara una disposición o
una ley, o no se presentara un proyecto de ley sobre una materia que, en
un momento dado, pueda estar siendo reclamada por la ciudadanía, ¿daría
motivo para ocurrir ante los tribunales, en uso del recurso que allí se
establece?
En segundo lugar, si se reclama contra una acción u omisión de las