Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

está claro que una institución que no es empresa pública, que podría
formar parte, en un sentido amplio, de la Administración del Estado, no
puede estar sujeta a un sistema de control como el propuesto.
Hay otras entidades que forman parte de la administración financiera
del Estado en cuanto tales, pero con finalidades tan específicas
que es muy difícil que un tercero pueda interferir en su acción a través de
un control obligado. En este caso se encuentran la Superintendencia de
Bancos, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, etcétera, y
eventualmente cualquier otra que pudiera crearse.
A su juicio, en la forma como está redactado el proyecto, esta
materia no queda clara: hasta dónde llega la definición de la administración
financiera. A lo menos, hay tres tipos de entidades respecto de las
cuales debe tenerse extremo cuidado: unas son las empresas públicas;
otras, las instituciones como el Banco Central, y por último, aquellas que
tienen finalidades muy precisas y específicas, como las Superintendencias
en sus relaciones con el sector privado.
Esta es la primera observación que formula.
La segunda se refiere a una materia básicamente económica, incluida,
en reiteradas oportunidades, en el proyecto presentado por el
señor Contralor, como es el concepto de control de eficiencia o eficacia,
que cree extremadamente peligroso. Sólo un sentido del concepto de
eficiencia es objetivo y claro, pero aún a los analistas económicos, con
profusión de datos y de instrumentos les es muy difícil medirlo o determinarlo.
Se podría aceptar, por ejemplo, que una empresa es eficiente
en cuanto genera utilidades, lo que ya es discutible; pero tratar de llegar
al punto de medir efectivamente, con mucha precisión, si esa empresa
está o no generando utilidades, es un problema de observación y de
manejo de información, tremendamente complicado. Ahora, si se traslada
este concepto de eficiencia o eficacia a la Administración del Estado, y si
además el control no es restringido sino entendido en el sentido amplio de
la palabra, y se trata de hacer esta medición de eficiencia, se produce un
lío más o menos grande, porque para medir eficiencia, en primer lugar,
hay que tener muy claros los objetivos, la prioridad de objetivos, o por lo
menos, saber cuánto se está dispuesto a dar para sacrificar determinado
objetivo. Todo ello incluye juicios políticos; no es una cuestión mecánica.
Pone un ejemplo. Recuerda que no hace mucho —un año y medio,
o algo así— leyó un informe de la Contraloría respecto de la venta que
había hecho la Corporación de Fomento de la Producción de un gallinero
en la zona de Concepción. En un período de “recesión”, cuando la
actividad de los gallineros estaba deprimida, la Corporación de Fomento
puso en venta un gallinero: un techo, un galpón, cosas así. De acuerdo
con una licitación, en fin, según las normas comunes y corrientes, lo
compró un señor de Concepción, quien deshizo el gallinero. Ocupó el
techo en una cosa, los alambres en otra, y vendió el sitio donde estaba el
gallinero. Se emitió un informe, un poco llamando a escándalo, porque