Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

se siguiere ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable para ese caso,
cualquier precepto legal contrario a la Constitución. Este recurso podrá
deducirse en cualquier estado del juicio, pudiendo ordenar la Corte la
suspensión del procedimiento, cualquiera que sea su naturaleza”.
Anota el señor ORTUZAR que, en esta parte, hay una modificación
de la disposición vigente, que establece que no se suspende la marcha del
juicio, y prosigue, luego, la lectura del precepto:
“Después de tres fallos, en un mismo sentido, acogiendo el recurso,
la inaplicabilidad producirá efectos generales”.
Ofrece la palabra sobre el particular.
El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) estima que
tal vez sería conveniente explicar por qué la Subcomisión propuso estos
cambios de redacción.
Expresa, al efecto, que en el inciso primero la novedad está en la
suspensión del procedimiento, ya que ahora ocurre todo lo contrario; pero,
en la práctica, muchas veces sucede que se presenta el recurso de
inaplicabilidad, se confiere el traslado respectivo, se cumple este trámite,
se pone el asunto en tabla, vienen las suspensiones de las partes y ocurre
que de repente el juicio termina, y así, en el momento en que la Corte
Suprema va a dictar su fallo, se encuentra con que el juicio está
finiquitado. De este modo —añade— el recurso de inaplicabilidad no tiene
efecto alguno, porque el juicio terminó y el texto de la Constitución exige
juicio pendiente, como es lo lógico que sea. Pero, como la suspensión del
juicio es muy peligrosa y como los abogados pueden empezar a usar el
recurso de inaplicabilidad nada más que para paralizar el juicio, la
disposición le deja a la Corte Suprema la facultad de suspender la
tramitación del mismo, así como en el recurso de revisión, en materia civil
y criminal, tiene la de suspender los efectos de la sentencia. Estima
evidente que si se le plantea un recurso de inaplicabilidad que no tiene
ningún fundamento o que no tiene seriedad suficiente, la Corte rechazará
la suspensión del procedimiento, suspensión que, por lo demás, muchas
veces se produce de facto, por el hecho de que la Corte pida el expediente,
ya que hay ciertos casos en que es necesario estudiar el expediente para
darse cuenta de cómo está planteado el debate dentro del juicio, pero eso
es la excepción.
Hace presente que en cuanto al inciso segundo del artículo 86 bis, se
colocó esta disposición porque les pareció que, por economía procesal, es
absurdo que, como ha sucedido en muchos años, la Corte Suprema esté
dictando cuarenta sentencias de inaplicabilidad seguidas, puesto que en
cada juicio el interesado tiene que estar recurriendo de inaplicabilidad, lo
que, constituye un costo inútil para los litigantes y un recargo de trabajo
completamente injustificado para la Corte. Anota que esto ocurrió —lo
menciona por vía de ejemplo, porque había sucedido en varios otros
casos—, con el artículo de la Ley General de Construcciones en que se