Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

tamente errónea de los tribunales.
El señor BERTELSEN insiste en que por eso cree que hay que forzar a
los tribunales, a las autoridades, y dar un medio de acción a los
particulares, estableciendo el principio de inexcusabilidad, con otra
redacción, más amplia que la del actual Código Orgánico y más restringida
que la de este proyecto, pero donde se aclare que es posible recurrir a los
tribunales en demanda de satisfacción, y que éstos deben resolver, aún
cuando no se haya dictado la ley complementaria de la Constitución o la ley
que debe regular la materia.
El señor ORTUZAR (Presidente) llama a suponer que se dicte la ley
por medio de la cual se crean los tribunales contencioso-administrativos.
Por esa vía se permitirá la revisión de los actos arbitrarios o abusivos de las
autoridades políticas o administrativas. Como tal es el propósito de la
Comisión, y creados los tribunales contencioso-administrativos, ¿es
menester, además, considerar una norma de esta naturaleza?
El señor BERTELSEN piensa que sí, y al respecto reitera el ejemplo
de la libertad provisional. Los tribunales no han utilizado en la forma debida
las disposiciones contenidas en el Acta Constitucional Nº 3, y en la cual
figura un precepto respecto de cuya aplicación se confió en el buen criterio
de los tribunales. Sin embargo, no se ha dado cumplimiento a sus normas.
El señor PIERRY (Profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad Católica de Valparaíso) expone que hace dos años, por
designación de esta Comisión, el profesor Schiessler y él mismo integró la
Subcomisión encargada del estudio de lo contencioso-administrativo. Sin
embargo, no tuvo conocimiento de esta norma, pues había sido aprobada
antes de su incorporación. Interpretando, seguramente, el pensamiento de
su autor, el profesor Eduardo Soto Kloss, se pretendía que el artículo
estuviera en vigencia mientras no se despachara el proyecto relativo a lo
contencioso-administrativo. Es decir, la idea del señor Soto Kloss era que,
en definitiva, los tribunales no, llegaran a conocer de lo contenciosoadministrativo.
Y como se trataba sólo de un proyecto —han transcurrido
dos años desde entonces—, los tribunales siempre iban a permanecer al
margen de dicha materia. Por ello, concuerda en que, tal como está
redactada, la disposición no tendría cabida una vez aprobado lo
contencioso-administrativo.
La razón por la cual, a partir de 1925, los tribunales se declararon
incompetentes para conocer de la actividad administrativa, fue
precisamente el artículo 87 de la Constitución. Sin ese precepto, el problema
no se hubiera planteado. Al establecerse tribunales separados de los
tribunales ordinarios, se tuvo presente la situación de Francia, donde, por
razones históricas muy particulares provenientes del siglo XVIII, el Poder
Judicial se ha considerado siempre incompetente para conocer la actividad
administrativa. Y para ello se crearon tribunales administrativos separados
del Poder Judicial, e inclusive tribunales de conflictos para solucionar los
problemas surgidos entre el sector administrativo y el judicial. Pero en los
países que cuentan con formas sobre lo contencioso-administrativo no