Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

consistirá en el examen objetivo de una organización o función, a fin de
determinar la eficiencia en el manejo de sus recursos y la eficacia en el
logro de sus objetivos”. Ahí está el caso clarísimo de una atribución que no
debe ser concedida. Si ya ha intervenido en la fiscalización del acto
administrativo, ¿cómo puede establecer después la Contraloría si se cumplió
bien o no el objetivo? Además, estima peligroso dejar el texto como está
presentado, porque, en realidad, eso corresponde a una calificación de tipo
político: es una instancia de carácter político la llamada a resolver sobre la
eficacia de una acción, no la Contraloría, máximo si ésta ha intervenido en
la fiscalización del acto en su etapa de generación.
A la señora BULNES le interesa conocer la opinión del señor Celis
sobre el punto ya debatido y que es el relativo al ámbito del control. El
actual artículo 21 señala ciertas instituciones, pero termina esta parte con
una frase que dice: “y de los otros servicios que determinen las leyes”.
Consulta al señor Celis si estima que sería procedente indicar en el texto
constitucional las empresas o instituciones que deben ser controladas o si lo
entregaría también a la determinación legal.
El señor CELIS (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
de Chile de Valparaíso) responde que, en verdad, le gustan los principios
constitucionales expresados con mucha brevedad. A su juicio, el artículo 21
es bastante bueno. Con una pequeña poda, debiera decir lo que debe ser la
Contraloría. En lugar de hacer una enumeración, debiera simplemente aludir
al “sector público y a los demás servicios que indiquen las leyes”, de modo
de abrir la posibilidad de que algunas empresas autónomas se manejen
fuera del sector público. Porque un problema bien concreto es el que
plantea la existencia de empresas que, por cualquier circunstancia, están
sujetas a la fiscalización de la Contraloría y deben competir con empresas
que no lo están, pues tienen un estatuto jurídico privado. Así que, en
concreto, su respuesta es que la Contraloría debe fiscalizar al sector público.
Es partidario de establecerlo así, dejando una frase amplia como ésa para la
posterior determinación de la ley.
La señora BULNES señala que esto le parece de fundamental interés.
Está de acuerdo con el señor Celis en lo referente al “sector público”,
entendiendo por tal lo que se llama “administración centralizada”. Esa se
dejaría determinada en el texto constitucional. Ahora, la duda que le asalta
en esta materia es la de que, si se da a la ley la determinación del control
de las empresas del Estado o de las empresas semifiscales, ¿no se estará tal
vez dejando a la ley la determinación de una política de gobierno o
económica? Es evidente que lo que se va a controlar está en íntima relación
con la política económica que se aplique. Así, en una política de
concentración del poder económico en manos del Estado, el control, por
cierto, tiene que ser mucho más amplio. En cambio, en una política más
liberal o más abierta, este control tiene que ser menor. Porque, como muy
bien acaba de acotar el señor Celis, las empresas del Estado entran a
competir con las privadas. Entonces, si se las somete al mismo tipo de
control, es indudable que reciben un perjuicio. De modo que, a través de
dejarle a la ley esa determinación, se estaría atacando quizá un principio
que es básico en materia política. Tal vez se dejaría abierta una puerta que
puede ser muy peligrosa para el futuro.