Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Añade que coincide con las apreciaciones del señor Ibáñez en
cuanto sería peligroso crear una especie de poder coadministrador, pues
podrían producirse dificultades perniciosas para los intereses nacionales.
En cuanto a las relaciones de la Superintendencia que dirige con la
Contraloría, hace presente el señor Guzmán que existen dos tipos de
control: el de cuentas y el de toma de razón. En lo referente al primero,
este año han tenido dos inspecciones bastante acuciosas que han reflejado
la rectitud con que la Superintendencia se ha desempeñado y las que
también han provocado un informe respecto de la falta de dotación,
especialmente profesional, con que ella desarrolla sus actividades.
En cuanto se refiere al control o a la toma de razón de las
resoluciones de la Superintendencia, han tenido algunos problemas,
derivados, principalmente, de una resolución que dictó la Contraloría, en
la cual se contienen normas que hacen procedente el trámite de toma de
razón en los siguientes casos: autorización de existencia de sociedades
anónimas y compañías de seguros, instalación legal, aprobación y reforma
de estatuto, disolución anticipada de sociedades y renovación de las
mismas. Esto ha causado algunos problemas porque, primero, la
instalación legal de las sociedades anónimas no existe desde 1970, porque
se modificó la ley 17.302, y, además, existe una disposición contenida
en el artículo 427 del Código de Comercio que expresa que las resoluciones
de la Superintendencia en que se denieguen solicitudes de
autorización de existencia de Sociedad Anónimas o de establecimiento de
una agencia de una sociedad anónima extranjera, y aquellos en que se
revoquen o cancelen autorizaciones concedidas serán motivadas y se
someterán al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la
República. Es decir, agrega el señor Guzmán, solamente en esos casos
procede la toma de razón, pero, de acuerdo a la resolución Nº 1.000 y
1.600 de la Contraloría, también procede incluso en las reformas de
estatutos.
A su juicio esto excede las atribuciones de la Contraloría y le ha
sido representado en forma verbal y por escrito, porque, naturalmente,
no se ve qué intereses pueda tener el Estado en aprobar una reforma de
estatuto mediante una toma de razón, si ya está estudiada, y resuelta por
un organismo que se supone es el especializado en la materia.
Afortunadamente, añade el señor Guzmán, la Contraloría está llana a
modificar este criterio y reconocen que pudo haber un error de su parte.
El señor CARMONA expresa que le interesaría conocer la opinión del
señor Guzmán sobre la fiscalización de las empresas del Estado, por
cuanto en los estudios preliminares del proyecto enviado por la
Contraloría se analizó la extensión y el ámbito de sus poderes de fiscalización.
Agrega que la Comisión trató expresamente el problema de las
empresas del Estado porque había la intención de someterlas a la
fiscalización del organismo contralor. Algunos han sido partidarios de que
ellas deben manejarse con gran ductilidad, a fin de que cumplan los
objetivos comerciales y económicos que deben cumplir. Concretamente,