Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

han hecho de su vida una acción permanente en servicio de la causa de la
justicia.
El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta al señor Ovalle si estaría,
en consecuencia, de acuerdo en que la Corte Suprema no sólo conociera de
la inconstitucionalidad de fondo, sino también de la inconstitucionalidad de
forma.
El señor OVALLE hace saber que sobre eso no se pronuncia, pero
sobre otras materias sí, como son todas las que ya se han entregado a la
Corte Suprema.
El señor GUZMAN hace presente que se hace cargo de que se ha
dejado para ulterior análisis el problema tanto del Acta Constitucional como
del recurso que se establezca respecto de la inconstitucionalidad de forma
de las leyes y que se están limitando, solamente, al debate del recurso que
proceda para hacer valer la supremacía constitucional frente a las leyes
que la violen en cuanto a su contenido.
Estima que, a todo evento, lo que acaba de señalar el señor Ovalle
es de extraordinaria trascendencia y debe ser subrayado: la estructura del
Estado está compuesta de órganos que ejercen preferentemente un
determinado género de funciones, pero que, dentro del esquema
constitucional moderno en Chile y en el mundo, se supone que pueden ser
llamados también a ejercer funciones que no son aquellas propias de su
naturaleza preferente. Añade que, así, por ejemplo, cuando el Congreso
Nacional —y en particular el Senado obrando como jurado— era llamado a
ejercer funciones como las relativas a la acusación constitucional o juicio
político, es evidente que no estaba desempeñando funciones legislativas,
sino judiciales. Anota que así, también, todos los tratadistas en materia
constitucional consideran que a la Corte Suprema, cuando falla un recurso
de inaplicabilidad que la Constitución le ha entregado, se le confieren
facultades que tienen rasgos contralores y rasgos legislativos y no
estrictamente jurisdiccionales, pues no es una función estrictamente
jurisdiccional la que está en juego aquí. De manera que esto es algo de
ordinaria ocurrencia dentro de la trabazón constitucional moderna y de la
concepción que debe existir respecto de la relación entre órganos del
Estado y funciones del Estado, de acuerdo a como, incluso, lo han resuelto
también en otras materias con anterioridad.
Estima, por eso, que la intervención del señor Díez, brillante como
siempre y, por eso mismo, valiosa en cuanto a que siempre deja dudas en
la mente, no le convence del todo.
Acota que es evidente que el señor Díez está temiendo ciertos
efectos negativos que pueden producirse, pero hay que ponderarlos con
otros efectos, también negativos, que se han producido y que no se
pueden desconocer. Hace notar que él ha dicho, con razón, que no se ha
producido, a propósito del recurso de inaplicabilidad, un conflicto de
poderes entre el Judicial y el Legislativo, pero no se le ha escuchado una