Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

en la carrera judicial y por otras razones de todos conocidas.
Considera que, sintetizando el problema y mirándolo con sentido
pragmático, resulta que se va a estatuir una norma para un caso de
excepción, y, en cambio, se va a establecer un mal precedente, y, lo que es
peor, se privarán, el día de mañana, de magistrados que están en pleno
ejercicio de sus facultades intelectuales que, como señalaba el señor
Carmona, poseen una experiencia insubstituible.
Expresa que hace estas observaciones sólo porque desea estar bien
convencido de la tesis del señor Presidente de la Corte Suprema.
El señor GUZMAN hace notar que, en realidad, este tema fue
largamente debatido en la primera discusión que se tuvo sobre la proposición
que les formuló la Subcomisión a este propósito, y el señor
Presidente recordará que él manifestó diversas aprensiones e inquietudes
respecto del texto que se estaba aprobando, y que, finalmente, se inclinó a
la opinión mayoritaria, pero no con demasiado convencimiento de que la
solución adoptada fuese la mejor.
Prosigue diciendo que, después de analizar las opiniones que se han
dado y de escuchar las distintas objeciones que se han planteado en esta
segunda discusión sobre el tema, él sugeriría adoptar una fórmula
intermedia, que le parece que se aviene con lo que piensa la mayoría de los
miembros de la Corte Suprema, según les expresa su Presidente. Cree que
sería bueno fijar en la Constitución sólo un límite de edad, el de los setenta
y cinco años, para todo cargo dentro del Poder Judicial, y facultar a la ley a
fin de que establezca limitaciones de edad para las demás funciones,
limitaciones que se pueden determinar en una edad menor, como las que
se proponen en el proyecto que en este instante se tiene aprobado en
principio. Piensa que, en verdad, esta solución es satisfactoria, porque, a su
modo de ver, es necesario establecer un límite máximo de edad en el Poder
Judicial, dado el carácter de la inamovilidad que tienen los jueces y dado
que se trata de una carrera en la cual se va ascendiendo a lo largo del
tiempo a través del escalafón, lo que no es aplicable a los cargos de
elección popular, por cuanto, en este caso, el pueblo es el que juzga la
condición en que se encuentra una persona para entrar a desempeñarlos, y
lo hace, además, teniendo presente cuál es la duración del mandato, el que
siempre es fijo. De manera que el problema aquí planteado es que la
carrera judicial no tiene término, y teóricamente es vitalicia hasta que la
persona jubila o se muere, por lo cual aquí hay una necesidad muy distinta
que aconseja poner un límite máximo de edad.
Piensa, en seguida, que no sólo se trata del caso extremo que relata
el señor Eyzaguirre, de personas que, incluso, ya han carecido de adecuado
discernimiento en el ejercicio de sus funciones, sino que, también, hay un
problema de capacidad de trabajo, de adaptabilidad a las condiciones, de
circunstancias nuevas planteadas por la evolución social que es improbable
que puedan ser realmente satisfechas en forma conveniente por una
persona mayor de 75 años y, para el caso en que lo sea —que excepciones