Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor OVALLE expresa que prefiere la fórmula anterior, como
está establecida actualmente en el Código Orgánico; es decir, como la
leyó el señor Presidente, pues inclusive deja más libertad al futuro
legislador para fijar el contenido de los delitos en el Código Penal. Esta será
una excepción específica, que ya han establecido en forma permanente. Si
declaran la responsabilidad por un delito determinado, es posible que bajo
esa denominación —es una hipótesis— se comprendan figuras delictivas
que hoy día no tienen presente; en cambio, si declaran a los Ministros de la
Corte Suprema exentos de determinados delitos, perfectamente definidos,
como lo están haciendo, por medio de su propia denominación, cree que
salvan la situación de ellos, cualquiera que sea el contenido de las figuras
delictivas del futuro.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que, entonces, la
disposición podría ser concebida en los siguientes términos: “Los jueces son
personalmente responsables de los delitos de cohecho, de la falta de
observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento,
de la denegación y torcida administración de justicia, y en general, de toda
prevaricación. Esta disposición no es aplicable a los miembros de la Corte
Suprema en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el
procedimiento, ni en cuanto a la denegación ni torcida administración de la
justicia”.
—Acordado.
El señor DAMILANO (Ministro de Justicia) señala que la “torcida
administración de justicia” no es un delito específico, es la prevaricación. No
hay ningún delito que se denomine de tal modo, como lo hay de hurto, de
robo, por lo cual no deben ponerse los dos conceptos en la Constitución.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que la razón es la siguiente.
Si no colocan la expresión “torcida administración de justicia”, estarían
haciendo responsables a los Ministros de la Corte Suprema —porque no
podrían eximirlos de toda prevaricación— cuando, a sabiendas, fallaren
contra ley expresa y vigente, en causa criminal o civil. En cambio, si
consignan dicha expresión y los relevan o eximen de toda responsabilidad
por este concepto —como quedaría constancia en actas, a mayor
abundamiento—, los miembros de la Corte Suprema no serían responsables
cuando, a sabiendas, fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal
o civil. Este es el motivo por el cual es necesario mantener el concepto de
“torcida administración de justicia”.
El señor GUZMAN manifiesta que desea formular una pregunta al
respecto, sólo con el ánimo de que quede constancia en actas de la
aclaración correspondiente.
¿Se entiende que esta exención alcanza también al Presidente de la
Corte Suprema o a algunos de sus miembros cuando actúen como tribunal
unipersonal, en el caso de que la ley pueda llamarlos a esa función?