Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

teriormente como un arma política. Eso está vivo, está en la legislación
actual, y bastaría con que llegara un Ministro que tuviera una idea un
poco distinta para que mañana existiera un listado de tres mil productos
cuyos precios estarían fijados, sistema en que no hay, ni aún para la
persona mejor intencionada del mundo, posibilidad alguna de ir a algo
justo. Y ahí está, vivo, todo el mecanismo para volver exactamente a la
misma posición anterior.
Cita otro ejemplo. Parece una locura hoy día que el Banco Central
haya podido determinar prácticamente todos los préstamos que se
reciben en la economía, y que se fijaran por un acto de autoridad las tasas
de interés para cada uno de esos préstamos; o bien, que todos los registros
de importación se cursaran de acuerdo con las presiones que existieran
y, además, con un tipo de cambio distinto para cada uno de esos
registros. Esto está en parte superado por la legislación, porque existe
una preceptiva nueva en torno al Banco Central, de mediados de 1975,
dictada cuando se prohibieron determinadas operaciones con el público y
una serie de cosas así. Pero no costaría nada volver a lo mismo. Y resulta
que la Administración, en número y en calificación, está diseñada no para
esto que se está haciendo ahora, sino para lo que se hacia antes. Y de allí
que resulte explicable lo que dice mucha gente que está al mando de
empresas o de instituciones del Estado: que le sobran mil personas, pero
que necesita otras cuarenta.
Eso se repite en casi toda la Administración Pública debido a la
superposición de estructuras administrativas que sirvió en un momento
para determinados programas acelerados: en un Gobierno pudo ser la
reforma agraria, en otro la vivienda y en otro cualquier cosa distinta. O
sea, existe una cantidad inmensa de funcionarios públicos con sus
facultades legales vigentes, que no se ejercen porque la política económica
en este momento es otra.
Cree muy difícil la posibilidad de sentarse a una mesa para buscar
la forma de dar una herramienta de administración a una política
económica más o menos definida, porque es muy ardua la lucha para
terminar con instituciones que ya por muchos años se han demostrado
ineficaces y cuyas funciones no tienen un lugar en la Administración
Pública chilena; es un problema, a su juicio, de madurez en el tiempo.
Es difícil instaurar una norma general que permita desembocar en
seis meses o algo así en una Administración más pequeña y eficiente,
porque cada vez que se plantea el análisis de detalle de las dificultades
que existen. Por primera vez, durante este Gobierno, ha habido instituciones
públicas que han terminado. Después de una gran lucha, por
ejemplo, se demostró que la Caja de Amortización de la Deuda Pública,
con toda una infraestructura de edificios, computadoras, personal, etcétera,
estaba demás, y hoy día realizan sus funciones —con la tercera o
la quinta parte de personal—, por un lado, la Tesorería General de la
República y, por el otro, el Banco Central de Chile, como agente fiscal,
con lo que se acabó el problema. Y así ocurre con otras instituciones.