Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Suprema, que continúan aplicándose al modesto ciudadano,
particularmente en materia previsional, donde existen muchas disposiciones
inconstitucionales.
Estima, por consiguiente, que una norma de esta naturaleza, intachable
a la luz de los principios relativos a la supremacía constitucional,
es además, necesaria, porque implica una protección adecuada a los
derechos, particularmente, de los más débiles.
Cree que por el mismo motivo, cuando se sostiene que la institución
ha funcionado bien, él estima que no es así, pues ha funcionado bien en
cuanto la Corte Suprema ha cumplido con su deber, pero, junto con
hacerlo, no permite que funcione bien la institución madre, que es la
supremacía de la Constitución.
Recuerda que el señor Díez dice que se van a provocar conflictos
políticos y, sobre todo, que estos conflictos serán mucho más agudos
cuando un miembro de la mayoría parlamentaria, que además tiene el
Poder Ejecutivo, se sienta rechazado en sus postulaciones por la declaración
correspondiente de la Corte Suprema. A su juicio, es ése, precisamente,
el caso en que la declaración de la Corte Suprema tiene mayor
importancia, como la tiene ahora, en que el cúmulo de facultades está
radicado en la Junta de Gobierno y en el Presidente de la República. Estima
que cuando la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo pertenecen a una
misma corriente política, la experiencia chilena les enseña que la soberbia
se posesiona de los espíritus y han tenido oportunidad de comprobar esta
aseveración, y es en ese instante cuando, a falta de otros frenos y
contrapesos, es necesaria la prudencia, la sagacidad y la tranquilidad de
espíritu que ha caracterizado normalmente a la Corte Suprema en este
país; ese es el caso en que tiene mayor importancia la declaración, y si se
produce un conflicto político porque la contumacia de esta mayoría que se
ha apoderado del Legislativo y del Ejecutivo ya no tiene freno, bien que se
produzca, porque quiere decir que la institucionalidad ha sido capaz de
crear los elementos necesarios como para que el conflicto se produzca
cuando el abuso está patente, porque cuando hay abusos sin conflicto, esto
es una verdadera “aplanadora”.
Expresa que, por consiguiente, por la misma razón que señalaba el
señor Díez es partidario de mantener esta institución, como no lo es de
mantenerla con los caracteres radicales en que se proponía en aquella
reforma constitucional que recordaban el señor Presidente y el señor
Guzmán, porque ahí sí que la Corte Suprema entra en la lucha política;
pero muy distinto es que ella tenga que apreciar la vigencia de los
derechos humanos consagrados en la Carta Fundamental frente a un
atentado que se contiene en la norma legislativa. Considera que como los
atentados a los derechos humanos están protegidos por los recursos
ordinarios cuando provienen de los ciudadanos o de la Administración,
cuando tienen mayor importancia, cuando revisten la gravedad propia de
todo atentado contenido en la ley, es la Corte Suprema la llamada a
paralizar esa ley que está presionando a los ciudadanos en términos