Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor FLISFISCH (Presidente del Consejo de Defensa del Estado)
concuerda en que se trata de una facultad propia del Parlamento o del
Poder Ejecutivo, pero, en ningún caso, de un organismo fiscalizador. Piensa
que si se aceptara la proposición —le parece que no hay ambiente para
hacerlo—, generaría innumerables conflictos entre los servicios públicos y la
Contraloría.
La parte final de este mismo artículo contiene algo que, en su
concepto, es bastante grave. Se otorgan facultades para aplicar directamente
las medidas disciplinarias que deriven de un sumario o investigación
administrativos instruidos por la Contraloría.
Estima que frente a esta disposición, habría que recordar algunos
conocimientos elementales del Derecho Administrativo, porque le sorprende
que esté incluida en este proyecto. La facultad de aplicar medidas
disciplinarias es una consecuencia de la jerarquía administrativa, la cual
está imbuida de ciertas atribuciones llamadas potestades, como la potestad
de mando, la potestad disciplinaria, la potestad retenida y la potestad de
conflicto. O sea, la potestad disciplinaria es propia de las funciones del
Ejecutivo, del organismo que administra el Estado, pero no de una entidad
fiscalizadora. Señala que da esta explicación a fin de que no se crea que es
algo arbitrario lo que está diciendo. Le parece absolutamente inconveniente.
Siguiendo este principio, las sanciones de un sumario administrativo las
aplicarían los fiscales, y no los jefes de servicio. No logra explicarse cuál es
el razonamiento que se ha hecho para establecer esta disposición.
Enseguida, el artículo 5° le otorga amplia facultad de control
preventivo y a posteriori. A su juicio, no hay razón alguna que lo justifique.
Por lo contrario, ello puede provocar serios tropiezos en la marcha de la
Administración Pública y graves conflictos entre la Contraloría y el Poder
Ejecutivo, lo que aparece agravado por el hecho de que, en el inciso
segundo, se dice que el mecanismo de la insistencia sólo procederá
tratándose de decretos o resoluciones, representados por causas de
ilegalidad; o sea, en todos los demás casos la Contraloría pasa a ser el
árbitro supremo en materia de legalidad en Chile, lo que por lo menos a él
le parece que es darle una atribución que produciría serios y graves
conflictos en el futuro.
El inciso tercero requiere un especial comentario, advierte, porque le
da competencia en materia contencioso-administrativa para conocer del
recurso de anulación y la convierte en un verdadero tribunal administrativo.
Pero hay algo más: viene una definición de lo que se entiende aquí por
“contencioso-administrativo de anulación”. Dice el inciso tercero del artículo
5° de la proposición: “El control a posteriori se extenderá además al que
configure el sistema contencioso de anulación”. Llámase —dice— “sistema
contencioso de anulación al conjunto de órganos y procedimientos que
intervienen en un conflicto jurídico surgido a raíz de una acción de nulidad o
reforma interpuesta en contra de un acto administrativo”.
Agrega que dará algunas explicaciones previas sobre lo contencioso-