Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Quizá si se podría hacer en forma continuada, como en el caso de la
Ley Orgánica de Expropiaciones, dedicándose durante un lapso de semanas
a trabajar exclusivamente en su despacho, o si llevarlo a cabo sobre la
base de sesiones extraordinarias los días jueves, o de acuerdo con alguna
otra fórmula que se idee. Formula esta indicación sólo para el caso de que
no puedan aprovecharse las sesiones ordinarias. En verdad, sería muy
conveniente, sobre todo a la luz de la conclusión a que se está llegando, de
no contener un precepto constitucional al respecto y de confiar en la pronta
aprobación del proyecto de decreto ley sobre lo contencioso-administrativo.
Abocarse a su estudio, cuyo análisis, desde el momento en que ha
trabajado una Subcomisión tan competente en la materia, no debería tomar
demasiado tiempo.
El señor SCHIESSLER (Profesor de Derecho Administrativo) consulta
cómo quedaría el primer artículo relativo al Poder Judicial.
El señor LARRAIN (Prosecretario) lee: “La facultad de conocer de las
causas civiles, criminales y de las contencioso-administrativas,
sentenciarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a
los tribunales establecidos por la ley”.
El señor SCHIESSLER (Profesor de Derecho Administrativo) hace un
pequeño alcance que no altera en nada la moción, bastante acertada, del
señor Díez. Se refiere a esta última parte de “establecidos por la ley”. En el
seno de la Subcomisión se planteó el problema, pero le parece que no
viene en la exposición de motivos del anteproyecto.
En un sentido estricto, aparecería que la ley es la que, directa e
inmediatamente, debe establecer los tribunales, pero en la práctica
legislativa chilena, tratándose de los juzgados de menor cuantía, por
ejemplo, de los juzgados de menores y de los tribunales de lo contenciosoadministrativo,
se autoriza al Presidente de la República en ciertos casos
especiales, previos algunos requisitos que se indican y, naturalmente, la
facultad que confiere la norma legal, para crear estos tribunales. Pero no
sería la ley la que directamente los establece.
Para ese efecto, entonces —no es necesario que se trate ahora—,
para que las cosas no queden en términos tales que después se susciten
problemas, deja formalizada la idea.
El señor ORTUZAR (Presidente) declara que siempre se ha entendido
que la frase “los tribunales establecidos por la ley” significa que el
legislador puede crear directamente tribunales, así como facultar al
Presidente de la República para que, de acuerdo con determinadas
circunstancias demográficas o de otra índole, lo haga. Y han existido
muchos casos, como lo señaló el mismo señor Schiessler. Le parece que
ésa es la interpretación natural que hay que dar, porque la medida siempre
emana, en todo caso, de la voluntad del legislador.
El señor BERTELSEN aduce que lo que cabe interpretar ahí es que
sólo la ley crea categorías o tipos de tribunales. Ahora, dentro de estos