Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

confirmados, lo que demuestra que la Contraloría ha hecho buen uso de la
facultad. Por eso, piensa que el sistema utilizado en lo referente a los
vehículos fiscales debe extenderse a todo lo demás. Es decir, facultar a la
Contraloría para instruir el sumario, y respetar su fallo por cuanto ella obra
con la mayor objetividad. Desconoce si la Comisión está en antecedentes
de que hubo un proyecto sobre la materia cuyo autor fue el señor Renato
Damilano cuando era presidente del Consejo de Defensa del Estado, y
respecto del cual insistió al desempeñar la Cartera de Justicia. De acuerdo
con él se pretendía — tal vez, sus alcances eran muy amplios— que todos
los sumarios de la Administración Pública los instruyera la Contraloría
General de la República, a la que se dotaría de atribuciones especiales para
asegurar su independencia e imparcialidad.
Finalmente, tiene mucho interés en que la nueva legislación
considere la potestad anulatoria de los actos de administración.
En su doctrina y jurisprudencia, la Contraloría siempre ha sostenido
que corresponde al Ejecutivo dicha potestad. O sea, se debe suponer que
todo decreto o resolución que la Contraloría tramite está ajustado a la
Constitución y a la ley, pero no se puede olvidar que ciertas resoluciones y
decretos, por su naturaleza o por la urgencia de su inmediata aplicación, se
dictan primero y se mandan posteriormente al trámite de la toma de razón.
Además, la Contraloría no es infalible, y también puede equivocarse, tomar
razón de un decreto o resolución y darse cuenta después que ha incurrido
en error. ¿Qué se hace en estos casos? Se solicita su anulación a la
autoridad que los expidió. Algunas veces se logra este objetivo, pero en
otras no es posible, pues, lisa y llanamente, la autoridad respectiva se
ampara en el hecho de que la Contraloría ya tomó razón y, muchas veces,
cuando se trata de reparar algún error, equivocación o injusticia, es
imposible hacerlo por carecer el Contralor de las facultades
correspondientes. Además, hay que tomar en cuenta que nunca el Poder
Judicial ha ejercido tal facultad. Se ha referido, sí, por ejemplo, a los
efectos económicos e indemnizatorios; pero nunca ha anulado un decreto o
una resolución. Dice que hay un error; que está mal aplicado; que eso
merece ser inutilizado; que debe reponerse al funcionario, etc.
Estas son las principales inquietudes de la Contraloría frente a este
proyecto. Si el señor Presidente estima insuficiente la síntesis muy
apretada que ha hecho sobre los principios de la Contraloría y de sus
preocupaciones en torno de una nueva legislación, no tendría inconveniente
alguno en hacerle llegar un estudio más desarrollado, citando las
disposiciones, todo con precisión y con fechas, para que estén en
conocimiento de los señores miembros de la Comisión.
Espera y confía, con la misma fe de la señorita Ministro de Justicia,
que de esta Comisión la Contraloría salga acrecentada y no disminuida.
Además, a veces es necesario dejar constancia de la voz del pueblo.
En días pasados leyó una de esas “cartas del lector” que se publican en los
diarios, la cual hablaba de los “poderes custodios”, y decía que en Chile
había cuatro de esos poderes. El articulista elevaba a la Contraloría a la