Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

conocer de las demandas de indemnización de perjuicios, sólo llegan a un
fallo que se traduce en una reparación económica, pecuniaria o patrimonial,
pero no en función de Administración del Estado, salvo en algunos casos
que si le ha tocado conocer muy de cerca, en los que, por intermedio del
recurso de protección, ha debido permitirse que un fallo jurisdiccional
mueva de manera distinta la maquinaria del Estado y la decisión del Poder
Público Ejecutivo.
En esto interpreta el sentir del Presidente de la República, con quien
conversó sobre esta materia. Ella, entonces, le planteó la intranquilidad
profunda que sentía ante el estudio de los tribunales de lo contenciosoadministrativos
y su establecimiento como organismos jurisdiccionales
anulatorios.
Se atrevería a aseverar que, como Ministro de Justicia, no prestaría
su patrocinio a una medida de esta especie. A menos, por cierto, que haya
un cambio de Ministro, porque los Secretarios de Estado son absolutamente
mutables y se ha visto que la Cartera de Justicia es la que ha tenido más
cambios, de manera que hay posibilidades muy grandes de que haya otro
Ministro que sea un gran partidario de la creación de los tribunales de lo
contencioso-administrativo. Ella no lo es, salvo en el aspecto de la
reparación que el señor Contralor planteó, pero siempre manejada con
criterio técnico profesional y con conocimiento del Derecho Administrativo.
Ha encontrado casos bastante graves, como consta al señor
Contralor, en que los tribunales administrativos del fuero común no tienen
un concepto cabal de esa rama del Derecho. Es así como hay jurisprudencia
contradictoria de la Contraloría, organismo técnico que conoce el Derecho
Administrativo, y los tribunales ordinarios de justicia, que lo desconocen y
que lo aplican con un criterio civilista distinto, en el cual se parte de
premisas interpretativas totalmente diferentes. Se ha llegado a lo que se
atreve a calificar de aberraciones jurídicas y que han llevado al Gobierno a
tener que salvarlas por la vía de la interpretación de la norma jurídica que
los tribunales han pretendido establecer en su exacto alcance y que han
determinado con uno absolutamente distinto del que ella misma
explícitamente señala.
El señor ORTUZAR (Presidente) considera muy fundada la inquietud
de la .señorita Madariaga, tan fundada que, en ese proyecto al que se
refirió el señor Contralor y que se estudió con personalidades como don
Fernando Alessandri y otros en la época en que fue Presidente don Jorge
Alessandri, no se llegó a consagrar el recurso de anulación.
La verdad es que no se ha podido ubicar esa iniciativa, ya que don
Rolando Pantoja —quien fue el representante de la Contraloría General de
la República en ese momento— que tuvo la gentileza de hacer llegar al
señor Presidente algunos artículos, le dijo que no son los que aprobó la
Comisión, sino que corresponden a un estudio que hizo un abogado del
organismo contralor sobre la base del trabajo que ella realizó, pero esa
persona no está en Chile y no se ha logrado encontrar los artículos.