Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

acción que será motivo de la intervención ante un tribunal.
Expresa que siempre, según el proyecto, se pueden impugnar, por
no conformarse a derecho, los actos u omisiones de las autoridades políticas
y administrativas que lesionen un interés del demandante y esa
acción puede ser deducida por toda persona, natural o jurídica, aspecto
que se discutió bastante, a través de numerosas sesiones, y hubo quienes
estuvieron por precisar que debía existir un interés directo, legítimo o
comprometido; pero, en realidad, estos conceptos parecían, al mismo
tiempo que de gran amplitud, muy vagos, por lo que se prefirió hablar
exclusivamente de que “se lesione el interés del demandante”, ya que de
ese modo se deja entregada sólo a la jurisprudencia su determinación.
Estima preferible que sea la jurisprudencia, a lo largo del tiempo, la que
vaya determinando, y no una precisión de la ley, la mayor amplitud de ese
concepto y será así como, muy sabiamente, irá señalándose cuál es aquel
interés en cada caso.
Añade que, asimismo, pueden impugnarse los actos u omisiones que
emanen de las entidades de derecho público que no pertenecen a la
administración propiamente tal, o que emanen de las de derecho privado
cuando ejerzan funciones públicas que les hayan sido encomendadas por la
ley.
El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta al señor Martin si esta
competencia que se otorga a los tribunales administrativos para conocer no
sólo de los actos, sino también de las omisiones, fue materia de algún
debate más extenso, porque sería muy interesante que pudieran
proporcionarse mayores luces y antecedentes en este aspecto, ya que los
proyectos de creación de esos tribunales no siempre han considerado la
posibilidad de recurrir a ellos respecto de una omisión de la autoridad
administrativa.
El señor DIEZ hace presente que no sabe cuál ha sido el punto de
vista de la Subcomisión, pues no ha leído el informe, pero no cabe duda de
que una de las formas más graves de la justicia administrativa es la
omisión, ya que si una ley exige que un acto debe ser autorizado por una
autoridad y ésta no se pronuncia sobre la solicitud presentada, no hay
ninguna acción por la cual se pueda reclamar de una omisión de
pronunciarse en un plazo razonable respecto de tal solicitud.
El señor ORTUZAR (Presidente) anota que su observación va hacia
otro aspecto, cual es que no sólo pueda entenderse que se trata de una
omisión específica que va a afectar y lesionar a un determinado particular,
sino que de omisiones de carácter más general de la autoridad con
respecto a ciertos deberes que deba cumplir y que puedan causar daño,
incluso, a toda la población.
El señor DIEZ considera que ese aspecto no es materia del Poder
Legislativo, sino del poder fiscalizador frente al Poder Ejecutivo, pues la
materia del tribunal administrativo es la que incide en un interés individual