Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

entre el órgano Ejecutivo y el Legislativo; y ahí cree que, obviamente, la
solución más adecuada es el plebiscito.
Sin embargo, estima que siempre entre Presidente de la República y
Contralor habrá litigios de orden jurídico. Y, por eso, quisiera precisar si
acaso la opinión del señor Guzmán Dinator es la de que, en definitiva, si el
Contralor no toma razón de un decreto de insistencia, debiera entenderse
siempre que el diferendo va al Tribunal Constitucional y nunca, en todo
caso, que él queda zanjado por la opinión del Contralor, teniendo ésta
predominio sobre la del Presidente de la República expresada en el decreto
de insistencia. Aclara, si ése es su punto de vista, que en ningún caso pueda
el Contralor limitarse a no tomar razón, y entenderse entonces, que el
decreto de insistencia del Presidente de la República queda sin efecto, sino
que siempre tendría que haber una instancia ulterior de arbitraje del
diferendo, por así decirlo, que debería ser el Tribunal Constitucional.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
señala que ese es exactamente su punto de vista, todavía con una
circunstancia muy especial: que las razones que mueven o pueden mover a
cada uno de los dos órganos son completamente distintas; porque el
Presidente de la República puede tener razones basadas en las cuestiones
de hecho que van a dar origen a la actitud, mientras que el Contralor debe
basarse exclusivamente en cuestiones de tipo jurídico. Entonces, en el
fondo, es un asunto de criterio jurídico, de preponderancia de un orden de
materias, que debe ir al Tribunal Constitucional.
El señor GUZMAN expresa que le queda perfectamente claro que la
opinión del Contralor jamás puede prevalecer sobre la del Presidente de la
República sin que haya una instancia ulterior de resolución, como sería la
del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el profesor Guzmán Dinator habló hace un momento de
que hay una razón de prerrogativa en cierto modo fundada en el hecho de
que el Presidente de la República puede verse en la necesidad, por razones
de bien común, de pasar por encima de la ley para dictar un decreto que se
hace necesario, y que en ese caso debe tener la posibilidad de que el
decreto llegue a regir, mientras que el Contralor se limita a cumplir con su
función simplemente de análisis técnico-jurídico de la legalidad del decreto o
de su constitucionalidad, lo que plantea una necesidad de definición
importante. Porque si el diferendo entre el Presidente de la República y el
Contralor fuese siempre al Tribunal Constitucional, que tiene una naturaleza
de funciones eminentemente jurídica, para resolver conflictos de este
carácter, ¿habría que entender —se preguntar— que este Tribunal es el que
debiera realizar la ponderación de tipo político, y entonces admitir el decreto
de insistencia, que es materialmente ilegal, pero que se hace necesario
desde el punto de vista del bien común? ¿Quién tendría esa potestad y
cómo jugaría con esta instancia ulterior que se crearía, de un Tribunal
Constitucional para resolver los diferendos?
El señor ORTUZAR (Presidente) considera que para aclarar esa duda
hay que empezar por dilucidar cuándo el diferendo va al Tribunal