Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Administración en general, se pasa a otorgar a la Contraloría una facultad
de control de eficiencia, lo que, a su juicio. transformaría a la Contraloría
en una especie de coadministradora del Estado, con facultades quizás tan
amplias o más que el propio Presidente de la República, lo que, en su
concepto, sería entrabar absolutamente toda la Administración Pública,
porque, naturalmente, si en cualquier momento la Contraloría puede
fiscalizar un organismo del Estado y declarar que no está cumpliendo sus
objetivos por tales o cuales actos, quiere decir que todos los jefes de
servicio deberán consultarla permanentemente antes de dar el menor
paso, por temor de que a posteriori pueda decirse que es ineficiente lo
que están haciendo o que no se está logrando el objetivo, lo cual
transforma a la Contraloría en coadministradora del Estado, y no le
parece que éste sea el papel de dicho organismo.
Respecto a la segunda parte, la misión de la Contraloría frente a
otros entes fiscales, añade el señor Ibáñez que la verdad es que, a través
de la distinta legislación que ha habido en el país, en algunas oportunidades
la Contraloría ha tenido mayores o menores atribuciones sobre
la Superintendencia de Bancos. En este momento, de acuerdo con la ley
orgánica de la Superintendencia, esta facultad se reduce exclusivamente
al control de cuentas. De manera que, aparte de revisar los gastos para
ver si se ajustan a los presupuestos aprobados, no tiene ninguna otra
facultad sobre los actos que la Superintendencia ejecuta según sus
atribuciones legales. De ahí que no hayan tenido ningún problema con la
Contraloría, ya que en las revisiones de cuentas sólo existen
observaciones en cuanto a que una partida se debe anotar en este lado y
no en el otro. Le parece fundamental mantener esa facultad tal como
está, dadas las atribuciones de la Superintendencia y el campo en que
actúa, el financiero propiamente tal: hacer cumplir los acuerdos del
Consejo Monetario, la Ley de Bancos y las disposiciones del Banco
Central, resoluciones especiales, de tipo técnico, que deben operar en
forma sumamente rápida y no quedar expuestas a tomas de razón ni a
controles, porque, en caso contrario, no producirían los efectos que se
persiguen dentro de las políticas cambiaria, monetaria, etcétera.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que muchas de las
observaciones que les ha formulado el señor Superintendente de Bancos,
si no todas, ya se las había hecho la Comisión, pero era interesante
confirmarlas a través de la opinión de altos funcionarios que han tenido
contacto y una experiencia de largo tiempo con la Contraloría General de
la República. En especial, agrega, la primera observación fue hecha valer
de inmediato en la Comisión, en el sentido de que este proyecto contiene
una serie de materias que no son de rango constitucional y que deben
permanecer como disposiciones de la ley orgánica de la Contraloría. De la
misma manera, ha preocupado a la Comisión todo lo relativo a este
control de eficiencia o resultado, que evidentemente significaría
transformar a ese organismo en poder coadministrador, y aún colocarlo
por encima del propio Poder Ejecutivo. De modo que la exposición del
señor Ibáñez no hace sino confirmar las observaciones que la Comisión
había formulado.