Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

en 1970 se fijó en 101 el número de sus funcionarios. Es decir, están
llegando casi a la mitad. Y dentro de esa planta no se han considerado ni
ingenieros comerciales ni auditores. Por eso, y debe decirlo con absoluta
franqueza, ¿cómo puede enviar a un contador —que es un mero tenedor
de libros— a fiscalizar a una empresa como el Instituto de Seguros del
Estado, y donde lo llevarán frente a una computadora? Entonces, ello es
física e intelectualmente imposible de llevar a cabo. Esta situación,
agrega, la ha hecho notar en diversas y repetidas oportunidades, a raíz
precisamente del informe enviado por el Contralor al señor Ministro de
Hacienda. En estos momentos se encuentra en manos del Ministerio un
estudio sobre la reestructuración de la Superintendencia y en el cual se
señalan todos estos detalles.
Por lo tanto, si se le habla de la eficacia de la fiscalización, debe
decir que ella deja mucho que desear, no por falta de espíritu, sino por
carencia de elemento humano. Ella es físicamente imposible de realizar.
Pero aún cuando lo tuviera, esa fiscalización sería en el campo meramente
operacional, solamente del cumplimiento de esas empresas del
Estado constituidas como sociedades anónimas respecto de su ley, del
reglamento y de su propio estatuto. Pero sucede que si tiene alguna falla,
qué puede hacer. Tiene dos posibilidades: o aplica una multa a una
empresa fiscal, que generalmente no se paga, o revoca la sociedad. Claro
que, agrega, tendría la posibilidad de llevarla a los tribunales de justicia.
Entonces, resultaría que el Estado demandaría al Estado, para cobrar la
multa. No se podría denunciar a la Contraloría, para una sanción
administrativa porque no están sujetos a la fiscalización de la Contraloría,
y al contrario, ésta le podría objetar por qué no está cumpliendo con su
misión, dejando que un organismo estatal, constituido como sociedad
anónima deje en incumplimiento la ley, el estatuto y el reglamento.
Añade el señor Guzmán que desea agregar algo más respecto de la
posición de la Superintendencia frente a la Contraloría en lo relativo al
control de toma de razón.
Agrega que, aparte de lo que establece el artículo 427 del Código
de Comercio, hay dos materias más contenidas en decretos leyes que
requieren el trámite de toma de razón de la Contraloría, sin contar, naturalmente,
con aquellos aspectos que dicen relación a nombramientos,
remoción, jubilación, etcétera, de personal que es genérico para toda la
Administración Pública. Ellas son las contenidas en los decretos leyes Nº
231 y Nº 1.091.
El primero, que está modificado por el decreto ley Nº 1.579, se
refiere a la suspensión de la aplicación del artículo 464 del Código de
Comercio que dispone que si una sociedad ha perdido el 50% de la suma
formada por su capital y reservas de revalorizaciones, al aprobar su
balance queda automáticamente disuelta, En la administración anterior,
prosigue el señor Guzmán, determinadas empresas sufrieron una serie de
trastornos que las llevaron realmente a la ruina. Entonces, el decreto ley
231 expresó que aquellas sociedades cuyos balances de los años 1971 a