Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

preceptos relativos al Poder Judicial, se encontraron con varios artículos
susceptibles de mejoramiento. Al respecto, expresa que señalará los
relativos a las materias que estima más importantes.
En la Constitución de 1925, no existe una prohibición constitucional
para constituir tribunales o jurados populares. Únicamente se exige la
calidad de letrado para ser juez de letras y para ser miembro de los
Tribunales Superiores de Justicia, pero nada impide que existan
constitucionalmente tribunales populares. Cree conveniente establecer
constitucionalmente esta prohibición que, en definitiva, implica la
consagración del profesionalismo del Poder Judicial.
En segundo término, agrega, en este orden de perfeccionamiento de
disposiciones, es posible aprovechar la oportunidad y extender la
superintendencia directiva y correccional de la Corte Suprema. De modo
que no se produzcan las dudas que se han suscitado sobre cuál es el
alcance de esta superintendencia. Y es así que el proyecto elaborado por la
Subcomisión incluía una disposición al respecto.
También podría perfeccionarse en algunos puntos el recurso de
inaplicabilidad, materia que también fue debatida por la Subcomisión
encargada del Poder Judicial y que se iba a tratar en el debate de la
Comisión Asesora de la Constitución.
Cree que también va a ser necesario adecuar la disposición constitucional
del artículo 87, relativo al problema contencioso-administrativo.
De modo que estima que hay algunas materias en que es conveniente
reformar algunos preceptos hoy día vigentes relativos al Poder Judicial,
todos en el sentido de perfeccionarlo: garantizar su independencia o
reglamentar sus atribuciones.
En ese sentido, señala, lejos está de él la intención de acabar o de
modificar o de alterar radicalmente una institución de tanto prestigio y de
tanta raigambre histórica como es el Poder Judicial.
Considera que el hecho de que las disposiciones constitucionales
relativas al Poder Judicial cambien de una Constitución a un Acta
Constitucional no afecta en lo más mínimo la jerarquía del Poder Judicial.
Pero aparte estas razones, destaca, debe dar una razón política, que estima
de mayor peso.
Si se vierten en Acta Constitucional relativa a los Poderes Públicos las
disposiciones referentes al Poder Judicial, y en otras Actas Constitucionales
aquellos preceptos de la Constitución que van quedando sueltos, se termina
con la tarea indicada por el Presidente de la República y se podrá derogar
formalmente la Constitución de 1925, circunstancia que estima de
trascendencia, porque con esta derogación no va a quedar dudas de que la
decisión política fundamental que surgió en Chile el 11 de septiembre de
1973 supuso la constitución de un nuevo régimen político que se va
configurando progresivamente. Y ahora desaparece, puede decirse, con la