Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor GUZMAN está completamente de acuerdo. Señala que así lo
entiende, y así trató de expresarlo en su intervención anterior.
Lo que le parece claro es lo siguiente: hay que distinguir entre el
recurso de protección y el recurso de inaplicabilidad. Que a raíz de la
interposición de un recurso de protección pueda generarse un recurso de
inaplicabilidad es algo que estima incuestionable, y por esa vía puede
llegarse a declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal. Señaló que
estimaba que el recurso de protección como tal y el fallo de la Corte de
Apelaciones que resuelva el recurso de protección entablado no pueden
entrar a pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley; sólo puede
entrar a pronunciarse sobre la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un
acto administrativo. Y, en el caso de que se tratara de la
inconstitucionalidad, tendría que ser de un acto administrativo que no se
fundare en una disposición legal; es decir, que atropellara ya no sólo la ley,
sino directamente un precepto constitucional. Este es el sentido que le
atribuye a la complementación de los dos recursos. Pero le parece evidente
que a raíz de la interposición de un recurso de protección puede generarse
un recurso de inaplicabilidad y, en ese caso, obviamente declarar la Corte
Suprema, y sólo ella, que un precepto legal es contrario a la Constitución.
El señor ORTUZAR (Presidente) advierte que se ha producido
consenso en la Comisión en orden a que velar por la supremacía
constitucional, cuando se trate de la inconstitucionalidad, sea de forma o
de fondo, que se produce en un proyecto de ley mientras está en tramitación,
debe corresponder a un tribunal especial, el cual será considerado al
analizar el problema relativo a la formación de las leyes.
Además, declara desde ya que acepta en principio la posibilidad
sugerida por el señor Guzmán en cuanto a que una autoridad, distinta a la
de las Cámaras o del Presidente de la República, como es el Fiscal de la
Corte Suprema, pueda solicitar al tribunal constitucional, velando por la
majestad de la Carta Fundamental, la declaración de inconstitucionalidad.
Lo deja planteado para que no se olvide en el momento oportuno.
En seguida, se estaría de acuerdo en mantener el recurso de
inaplicabilidad en los términos en que está, por de pronto con la modificación
que propone la Subcomisión en cuanto a que la Corte Suprema
pueda ordenar la suspensión del procedimiento, cualquiera que sea su
naturaleza, cuando estime conveniente.
Cree, como el señor Guzmán, que sería conveniente, más que dejar
constancia en acta, dejar testimonio en la letra del precepto de que la
referencia a la necesidad de que exista un juicio alude prácticamente a
cualquier gestión judicial, de cualquier naturaleza que sea, como podría
ser, por ejemplo, el caso del recurso de protección en que todavía no hay
un juicio. Porque la disposición que se propone, que es igual a la vigente,
dice: “La Corte Suprema, en los casos particulares de que conozca o le
fueren sometidos en recurso interpuesto en juicio que se siguiere ante otro
Tribunal”. La idea, como por lo demás lo ha entendido la Corte Suprema,