Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ponía un ejemplo muy típico, muy decidor para demostrar la falta de
competencia de aquélla en materia de apreciación de mérito, lo que
estaba correcto, porque ella no administra, sino que fiscaliza. El ejemplo
que ponía era el uso del 2% constitucional en caso, por ejemplo, de
calamidad pública, y decía a sus alumnos, que recién eran del nivel de
ingreso: imagínense que el Ejecutivo mañana determina que la llegada de
la mosca azul a una determinada región es calamidad pública, y ejerce el
mecanismo del 2% constitucional para ir en apoyo de los sectores
damnificados. No por mucho que la Contraloría dijera que el insecto le
parecía muy simpático y, por lo tanto, que la invasión del mismo no podía
ser considerada como calamidad, sino que, al contrario, un beneficio
público al llenarnos de mosquitos de color azul, no habría podido devolver
este decreto ya que era la Administración quien apreciaba los hechos, las
circunstancias, la decisión de Gobierno y la necesidad de actuar en ese
determinado momento, Lo mismo se planteaba con la vigencia de las
intervenciones tanto laborales como económicas. Hubo reiterados
pronunciamientos de la Contraloría en el sentido de que estas medidas
eran eminentemente transitorias. Así, se sostuvo que la transitoriedad era
de la esencia de esta decisión de Gobierno de entrar a arbitrar por un
tercero, agente gubernamental y a veces ni siquiera eso, porque en los
casos del artículo 626 del Código del Trabajo puede ser cualquier persona,
a administrar una empresa privada. Si bien la gestión de este agente o
persona designada era transitoria, el Gobierno era soberano para apreciar
hasta dónde duraba lo transitorio, cuál era el límite de la transitoriedad; y
como había un Gobierno totalmente maleado e inmoral de esencia, que
no servía a los intereses de la Patria sino que a los de grupos
minoritarios, estas declaraciones de la Contraloría, que trataban de
enmarcar al Ejecutivo dentro de una línea de legalidad, eran totalmente
desoídas. Precisamente por falta de esta competencia la Contraloría no
podía nunca tener ese control de mérito inicial de la decisión.
El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta no saber hasta dónde,
en el anteproyecto de Constitución definitiva —porque en lo personal no le
preocupa el período actual, ya que tiene plena fe en que las autoridades
están ejerciendo sus actos con la máxima ponderación y legalidad—,
deberá consignarse alguna posibilidad de que, ya sea la Contraloría o los
tribunales contencioso-administrativos, puedan dejar sin efecto no los
decretos del Presidente de la República, pero sí ciertas decisiones, como
las del Director de Industria y Comercio, por ejemplo. Porque vale la pena
ponerse en el evento de que, por desgracia, pudiera el país caer en
manos de un Gobierno que se apartara de la Constitución y de la ley y
nuevamente se entrara en este terreno de las requisiciones, que
implicaban una verdadera desviación de Poder. ¿En ese caso, bastaría el
recurso de reparación si se priva a una persona de todo lo que ha creado?
La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) observa que deberla
aplicarse el recurso de reparación, pero por vía técnica, especializada y
constitucional.
El señor GUZMAN hace una observación de orden general, que