Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

función legislativa y la ejecutiva con sus respectivos órganos, agregando,
obviamente, la función judicial con sus órganos correspondientes. Pero si
esto va a ser obstáculo para trabajar en una materia, nunca se podría
empezar, pues siempre tendrían que estar pensando en si va a tener esta
relación, o si va a incidir en otra, y como no han definido a fondo la otra, no
pueden trabajar en ésta, y sencillamente por esa vía llegarían a entrabarse
completamente.
A la luz de esto, cree que deben definir la línea gruesa que permita
establecer una base de trabajo para la Comisión, en forma tal que lo que se
vaya resolviendo tenga una armonía. Por ejemplo, en la sesión pasada se
habló largamente —y cree que se ha convertido en consenso en la Comisión
a lo largo de las últimas reuniones— de que debiera existir un tribunal
constitucional que resuelva entre otras materias, ciertas discrepancias de
interpretación jurídica que pudieran existir entre el Presidente de la
República y el Contralor en determinados puntos o materias. Obviamente,
no es necesario que, para tratar el tema de la Contraloría, deban tener
estructurado el tribunal constitucional con todos sus mecanismos, con su
composición y con sus facultades.
Pero lo que sí cree necesario tener claro es que se consigna dentro
del sistema la existencia de ese tribunal constitucional. Del mismo modo,
don Juan de Dios Carmona hacía referencia, y con mucha razón, a que otra
válvula reguladora del problema de la relación entre Presidente de la
República, Contralor y mecanismo del decreto de insistencia, estaba
constituido en la Carta de 1925 por el sistema de la acusación
constitucional. Basta que también se apruebe en principio y se parta de la
base de que van a configurar un sistema de acusación constitucional
concebido en tales o cuales términos, o bien, que van a reemplazar esta
válvula reguladora por otra distinta; y luego de dibujada la línea gruesa y el
panorama general de la materia, abocarse a una de ellas en forma
específica, y partir quizás por la Contraloría, por ser la que parece más
sencilla en cierto modo de abordar en este momento, o por ser la que
podría permitirles un mejor aprovechamiento del trabajo hecho en el último
tiempo.
Por otro lado, quiere dejar constancia de su opinión absolutamente
clara respecto de un punto que don Juan de Dios Carmona ha planteado,
que ha recogido también la señora Bulnes, y que le parece del mayor
interés.
Piensa que en la Comisión deben hacerse el propósito de no ir
entregando facultades excepcionales a determinados órganos en razón de
que no existan por ahora las entidades competentes que deban ejercer
naturalmente esas mismas funciones; que no se hipertrofie la Contraloría
General de la República o los tribunales de justicia por el hecho de que no
exista ahora un mecanismo de fiscalización política o un órgano legislativo
de naturaleza más amplia y permanente que el existente en la actualidad,
porque ahí sí que estarían creando una fuente de dificultades muy graves
para el futuro.