Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

esta idea mereció algunas objeciones y algunas observaciones en el seno
de la Comisión. Recuerda también que el señor Díez manifestó que tal vez
esto podría significar dar un trabajo excesivo a la Corte Suprema de
Justicia.
El señor DIEZ acota que, además, hay otro problema.
La dificultad que puede surgir aquí es que, por el deseo de establecer
garantías de justicia, se esté transformando a la Corte Suprema en una
especie de Contraloría General de la República, a petición de parte, en lo
que también es necesario poner cuidado.
No hay duda de que el principio general de someter a todos los
tribunales del país, cualquiera sea su naturaleza, a la superintendencia de
la Corte Suprema es un sano principio. Pero tampoco se puede extender
ese control hasta tal punto que se haga imposible la acción tanto del Poder
Ejecutivo, por la acción de los particulares, como de la propia Corte
Suprema por el inmenso recargo de trabajo.
La señora BULNES comparte la idea del señor Díez en este sentido,
sobre todo que aquí se presentaría otra dificultad.
En general, muchas de estas resoluciones llegan al tribunal por la vía
de la apelación. Además, hay un principio que no se debe olvidar: el de la
eficacia de la Administración. Si se rompe el principio que admite la
posibilidad de que la Administración sea eficaz, sencillamente se rompe una
de las bases principales en que se sustenta toda la organización de los
poderes públicos.
El señor BERTELSEN expresa que, indudablemente, tanto las
consideraciones expuestas por la señora Bulnes como por el señor Díez
tienen peso. Sin embargo, cree que es preciso conceder mayor importancia
al principio del Estado de Derecho, que implica que toda actuación de un
tribunal debe quedar sometida a la superintendencia correccional del
máximo organismo jurisdiccional de Chile, que es la Corte Suprema. Un
Estado de Derecho no estaría plenamente establecido en Chile si existieran
tribunales que escaparan de la superintendencia correccional del más alto
tribunal de la República.
Por supuesto que el asunto es engorroso. Pero los asuntos públicos
no porque sean complejos van a ser soslayados. De manera que no se
puede dejar que algunos tribunales decidan asuntos de gran trascendencia
para los particulares y que resuelvan controversias sin estar sometidos a la
tuición superior de la Corte Suprema.
Sin duda, esto está conectado íntimamente con el problema de lo
contencioso-administrativo, No cabe duda de que, si el sistema contencioso-administrativo
chileno estuviera bien establecido y funcionara
bien, probablemente esta discusión no tendría el sentido que tiene en este
momento. Es indispensable tomar en cuenta que hasta hoy día en Chile no
está establecida una jurisdicción en lo contencioso-administrativo en forma