Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

acción fiscalizadora de la Contraloría, si debe extenderse a organismos de
naturaleza específica como son las Superintendencias, y cuáles deben ser,
en ese caso, las limitaciones que debe tener esta fiscalización; cuál debe
ser la naturaleza misma de la fiscalización, si debe ser preventiva o a
posteriori, tanto desde el punto de vista del control jurídico como del
control administrativo, financiero y contable.
Agrega el señor Ortúzar que la Comisión estima muy interesante
conocer las opiniones de los invitados porque los organismos que
representan están llamados, a su vez, a ejercer fiscalización sobre las
instituciones que controlan, y muy particularmente, ella desea saber si ha
habido conflictos o dificultades con la Contraloría respecto de esta función
fiscalizadora que ha estado ejerciendo dentro del ámbito de la legislación
actual.
El señor IBAÑEZ (Superintendente de Bancos y Financieras) señala
que ha revisado el proyecto presentado por la Contraloría, que se le hizo
llegar y, a su juicio, y en líneas generales, piensa que el proyecto no hace
sino elevar a rango constitucional una serie de preceptos que hoy día
están contenidos en su Ley Orgánica. Es así como el artículo 2° del
proyecto en parte está contenido en el artículo 2° de la Ley Orgánica de la
Contraloría; el inciso segundo del artículo 2° del proyecto está contenido
en el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Contraloría; el artículo 3°, que
establece que el Contralor dispondrá por medio de resoluciones en los
asuntos que sean de su competencia, está contenido en el artículo 5° de
su Ley Orgánica; el artículo 4°, que es bastante reglamentario, en parte
está contenido en el artículo 9° de la Ley Orgánica; el inciso segundo del
artículo 5° está contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica; el artículo
6° está contenido en los Decretos Leyes N os 1.263 y 1.289; y el artículo
8° está contenido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Agrega que estima que todos estos preceptos son materia de ley y
no de la Constitución y debieran, a su juicio, mantenerse dentro de la Ley
Orgánica de la Contraloría, ya que sería quitarle flexibilidad al sistema
entrar en una serie de detalles reglamentarios susceptibles de cambiarse
por otra ley, por lo cual otorgarles el rango constitucional equivaldría a su
inamovilidad.
Prosigue señalando el señor Ibáñez que, por otra parte, el proyecto
introduce dos innovaciones. En primer lugar, según el inciso segundo del
artículo 4° se da al Contralor la facultad de aplicar directamente las
medidas disciplinarias que deriven de los sumarios e investigaciones que
practique la misma Contraloría y no como sucede hoy día en que la
aplicación de tales medidas está entregada al Poder Ejecutivo a través de
los Ministros y Jefes de Servicio. No cree que sea la Contraloría la llamada
a aplicar directamente sanciones, sino a instruir los sumarios. Después,
los distintos Jefes de Servicios o Ministros de Estado ponderarán
discrecionalmente las sanciones que se han de aplicar. Añade que lo más
novedoso del proyecto es el artículo 7°, donde, del simple control de
manejo de cuentas y de legalidad y juridicidad de los actos de la