Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

observancia de las leyes que reglan el proceso. Y aunque esa apreciación
que se realice no incida en el fallo del proceso concreto, que ya resolvió la
Corte Suprema, sí implicaría un juicio que tendría que formular otro tribunal
respecto de la forma como la Corte Suprema ejerció sus facultades en
materia de aplicación del procedimiento, y en materia de fallo, en el fondo
de la materia tratada. Tendría que determinar ese tribunal si hubo
denegación o torcida administración de justicia o si no la hubo, o si existió
falta de observancia de las leyes que reglan el proceso, lo que implicaría
dejar sujeto él criterio de la Corte Suprema en esa materia a un juicio de
otra entidad que, por esa razón, vendría a quedar en la práctica por encima
de la Corte Suprema, no respecto de la resolución de la causa concreta en
que se haya producido el abuso, pero sí en cuanto al análisis de la conducta
del Tribunal y a la suerte que de ese análisis se pudo derivar para los
Ministros del más alto Tribunal de la República.
El señor CARMONA replica que, no obstante, en definitiva, va a
recaer en la Corte Suprema con las instancias correspondientes. O sea, la
inutilidad de esa causa le parece evidente.
El señor GUZMAN pregunta al señor Carmona si él considera dudosa
esta disposición por estimarla superflua, pero no así errónea.
El señor CARMONA contesta que en cierto modo, la estima superflua
y, por otro lado, también comparte las expresiones de la señora Baines en
cuanto a que la Constitución pueda liberar a estas personas de
responsabilidad.
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que con el objeto de aclarar
el planteamiento del señor Carmona, quisiera preguntarle si acaso
suprimiría también la norma contenida en el inciso segundo del artículo 324
del Código Orgánico de Tribunales, que dice que la disposición no es
aplicable a los miembros de la Corte Suprema en lo relativo a la falta de
observancia de las leyes que reglan el procedimiento, etcétera, o si la
mantendría. Porque, si la mantiene, dejan pendiente el problema de dudosa
constitucionalidad que quieren resolver. Si la suprime, no cabe duda de que
los Ministros de la Corte Suprema tendrían responsabilidad en virtud del
artículo 84 del referido cuerpo legal.
La señora ROMO expresa que con el objeto de aclarar algo que
sostuvo el señor Carmona, desea señalar que, evidentemente, al aplicar a
la Corte Suprema el precepto del número primero relativo a la prevaricación,
se entraría a revisar el proceso, porque ¿cómo se califica el abuso
o el no abuso del Tribunal, o si aplicó la ley o no la aplicó, si no es mediante
una revisión? Entonces, por esa circunstancia, la Corte Suprema deja de ser
el Tribunal que interpreta en Última instancia, deja de ser fuente de
interpretación y de creación de Derecho la jurisprudencia que ese Tribunal
realiza; es decir, cambian la esencia misma de lo que para la Comisión
significa y ha significado permanentemente la Corte Suprema al calificar la
conducta del Tribunal. No de un Ministro, que es un caso distinto, si ha
prevaricado o no lo ha hecho, si ha recibido cohecho o no lo ha recibido. Se