Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Prosigue explicando que, respecto del control administrativo,
especialmente del control de méritos o de resultados, como establece el
anteproyecto del señor Contralor, hubo también unanimidad de pareceres
compartido, según entiende, por la unanimidad de la Comisión o, por lo
menos, por su inmensa mayoría—, en el sentido de que tampoco podría la
Contraloría ejercer este tipo de control porque sería transformarla en un
organismo coadministrador y, en ciertos casos, colocarla incluso por encima
del Poder Administrador.
Finalmente, hace saber que en lo que dice relación a la facultad de
imperio que reclama el señor Contralor, que le permitiría aplicar medidas
disciplinarias derivadas de la sustanciación de los sumarios que hubiere
instruido, se estimó que no era conveniente que fuera la misma autoridad,
juez instructor y juez sentenciador.
Agrega que, en estas circunstancias, recibieron un oficio del Jefe del
Estado Mayor Presidencial, Ministro señor Covarrubias, en el que les señala
las observaciones que a él le merece el anteproyecto. Dicho oficio parte de
la base de que la tarea que la Comisión va a desarrollar es la de elaborar un
Acta Constitucional relativa a la Contraloría, y, en estas condiciones, el
señor Guzmán propuso —criterio que después de debatirse fue aceptado—
que la Comisión se abocara, en primer término, a elaborar lo que podría ser
la preceptiva constitucional definitiva, porque eso no les tomará mucho
tiempo con todos los antecedentes de que se dispone —estima que, al
contrario, esa tarea se realizará en relativamente poco tiempo, aunque el
señor Bertelsen piensa que será más extenso—, e inmediatamente después
la Comisión se abocaría a elaborar lo que podría ser la normativa propia del
Acta Constitucional, eliminando o adicionando, según sean las
circunstancias, de acuerdo con las características del período de transición
que se está viviendo y que corresponderá vivir todavía por algún tiempo
más.
Recuerda, por último, que en el análisis de esta materia también
hubo consenso en la Comisión para estimar que el problema del control y de
la fiscalización tenía que considerarse con un criterio amplio, con el Objeto
de tener, a la vez, una concepción clara de lo que debe ser en un Estado de
Derecho el control de la Administración; o sea, tener presente que en la
institucionalidad definitiva necesariamente deberá existir un control político,
radicado en la Cámara Legislativa o en un Parlamento bicameral, según lo
que se establezca en el futuro; un control jurisdiccional, a cargo de los
tribunales, en parte ordinarios o bien contencioso-administrativos: y un
control que los autores denominan administrativo propiamente tal,
efectuado por la Contraloría, que comprende los controles contable,
financiero, preventivo de la juridicidad, etcétera; es decir, se ha querido
tener, en cierto modo, una visión clara de lo que debe ser el control de la
Administración en un Estado de Derecho, para luego entrar a analizar, de
una manera específica, la preceptiva constitucional relativa a la Contraloría
General de la República.
Concluye sus explicaciones diciendo que esto es, en una apretada
síntesis, lo que ha hecho la Comisión durante todas las últimas sesiones, en