Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

dotada de imperio. Aquí hace notar que, si bien la Contraloría tiene
imperio, en el sentido de que sus decisiones deben ser respetadas por los
funcionarios que están sometidos a su fiscalización, no posee, sin embargo,
facultades sancionadoras. Porque la Contraloría examina o realiza sumarios
administrativos y dispone una sanción, pero esta sanción siempre es un
simple consejo a la administración, la que puede aplicarlo o no aplicarlo;
puede aplicar esa sanción, una superior, una inferior o ninguna.
Puede decir, por ejemplo, que incluso no sólo ha sucedido en Gobiernos
anteriores, sino también en el actual. Se ha hecho resaltar esto en
días pasados. Cita un caso típico, práctico. El Ministerio de Transporte
denunció que en varias municipalidades de Santiago se estaban otorgando
permisos para circular a vehículos de carga o de movilización colectiva que,
por su tonelaje, necesitan la revisión técnica de frenos, de luces, mecánica,
etcétera, sin tener esta revisión. La Contraloría ordenó un sumario en todas
esas municipalidades. Se comprobaron las infracciones; se hicieron los
sumarios y se propuso frente a la gravedad de estas faltas, sancionar con
una medida expulsiva a los funcionarios afectados. Una municipalidad no
aplicó sanción alguna, porque dijo que, a juicio de ella, los funcionarios no
la merecían, con lo cual la Contraloría, a su vez, se vio obligada a
denunciarlos al Ministerio del Interior, como consecuencia de esta actitud
de la municipalidad. Pero eso demuestra que en estos sumarios que
instruye la Contraloría, que a veces son graves y en los cuales puede
actuar con independencia, porque no se identifica con el servicio, éste entra
a considerar ciertas condiciones subjetivas, como son las de que el
empleado es muy eficiente, tiene veinte años de antigüedad, lo hizo porque
está en el servicio, porque no recibió ningún beneficio económico, y
entonces no aplica la ley. Eso no puede ser.
En cuanto al ámbito de la competencia de la Contraloría, la cobertura
o el ámbito de control afortunadamente ya lo precisó el actual Gobierno en
el decreto ley Nº 38 y después la amplió en el Nº 1.241.
En cuanto al control financiero o contable, lo hizo en la ley de
administración financiera, decreto ley Nº 1.263. Y respecto al control del
rendimiento y resultado, en el decreto ley Nº 1.289, la nueva Ley de
Organización de las Municipalidades.
Sin embargo, en las esferas jurídicas hay puntos que no están siendo
definidos o bien clarificados y que la Contraloría tiene especial interés en
que queden bien claros, y donde es necesario, —repitiendo palabras de Su
Excelencia el Presidente de la República—, “emplear la audacia y la
imaginación para crear nuevas estructuras jurídicas más modernas,
eficaces y justas que se den la mano con la fidelidad a nuestra tradición”,
como dice el Jefe del Estado en el documento llamado Objetivo Nacional de
Chile, Porque indudablemente, ya no se puede seguir hablando de que
exista esta división tan tajante que se arrastra desde hace doscientos años,
entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en circunstancias de que
quedan fuera de esta clasificación tan rígida una serie de organismos o
instituciones que no caben, que no están ni en uno ni en otro; que están en
una zona gris, en un país de nadie.