Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

El señor EYZAGUIRRE (Presidente de la Corte Suprema) considera
que no se puede olvidar tampoco, por otro lado, que las leyes que crean los
colegios profesionales dan a esas entidades, evidentemente, facultades
judiciales respecto de sus miembros, que podrán ser disciplinarias pero. en
el fondo, es una jurisdicción sobre los miembros que Componen los colegios
profesionales; es decir, hay que tener mucho cuidado también en el aspecto
de no alterar todo el sistema, porque, en realidad, todas las facultades que
tienen los colegios profesionales sobre sus miembros son, en muchos casos,
muy importantes. Recuerda que es cierto que la cancelación del título
siempre es apelable ante la Corte Suprema, pero, en realidad, hay muchas
otras medidas que pueden tomar y que, naturalmente, llevan envuelto el
ejercicio de una jurisdicción, por lo que, entonces, hay que tener mucho
cuidado en no echar abajo todas esas disposiciones.
El señor CARMONA expresa que él ha entendido la proposición del
señor Bertelsen como un resguardo constitucional a la estructura del Poder
Judicial, en el sentido de que no por una simple modificación de la ley o por
un acto de Gobierno pudiera el día de mañana cambiarse esta estructura
del Poder Judicial, de manera tal que se desnaturalizara toda la
administración de justicia en Chile, como sería, por ejemplo, la instauración
de tribunales populares, jurados, o jueces de paz en un momento
determinado, o sea, los jueces populares.
Estima que, indudablemente, en ese sentido da que pensar la
posibilidad de poder establecer una disposición de esa naturaleza, pero
quiere plantear que, de acuerdo con lo que se debatió en la sesión anterior,
en principio, la idea era que hubiera ciertos grados en las disposiciones
legales, y, en este caso, que la disposición tuviera un rango muy definido,
muy general, y si fuera posible, muy simple para el conocimiento general
de la gente, al mismo tiempo, que sirviera de defensa y resguardo de toda
la estructura del país y de la sociedad.
Destaca que, asimismo, se habló de que pudiera haber leyes,
especialmente, en lo referente a la estructura de los Poderes del Estado, y a
las cuales se refiriera la Constitución, con un rango especial por sobre las
leyes comunes, siendo uno de estos casos el texto que ahora se está
analizando, porque aquí se encarga a una ley especial la organización y
administración de los tribunales. Cree que la idea que se tenía era la de
crear algunas condiciones y requisitos muy especiales para que estas leyes
pudieran ser modificadas, no sólo exigencia de quórum en el Congreso
Nacional o en el órgano legislativo que pueda tomar las decisiones del caso,
sino también resguardos muy fundamentales sobre iniciativas y materias
que pudieran conservar la estructura de los Poderes del Estado en la forma
establecida por la Constitución. Estima que esas leyes, indudablemente,
deben ser resguardadas con estos principios, e imagina que si se encuentra
en las normas de la Constitución definitiva que se va a estudiar, una
fórmula suficientemente clara respecto de leyes de tal carácter, es
indudable que el resguardo estaría adoptado, pues piensa que establecer
como principio constitucional la exigencia de que todos los tribunales sean
letrados, produce esta serie de inconvenientes, dado que, por ser tantas las