Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

PROYECTO DE LEY SOBRE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO
TITULO 1
Párrafo 1. — La Acción Contencioso-administrativa.
ART. 1°- Las reclamaciones que se interpongan contra los actos u
omisiones de las autoridades políticas o administrativas serán objeto de la
acción contencioso-administrativa y se sujetarán a las disposiciones y al
procedimiento establecidos en la presente ley.
ART. 2°— No se aplicará la presente ley:
1. — A las acciones de impugnación de los actos administrativos
relativos a los asuntos internos de la Administración Militar;
2. — A las acciones relativas a la impugnación o interpretación de los
contratos celebrados por el Estado y por las instituciones que de él formen
parte, cuando dichos contratos por expresa disposición de la ley se
encuentren sometidos al derecho privado;
3. — A las cuestiones sometidas por la Constitución o la ley a otro
procedimiento judicial ni a aquellas cuyo conocimiento leyes especiales
encomienden a otros tribunales;
4. — A las contiendas de competencia que se susciten entre los
tribunales administrativos que se crean por la presente ley o que se creen
en el futuro de acuerdo a ella y los demás tribunales de justicia o entre
aquellos y las autoridades políticas y administrativas, las que serán
resueltas por la Corte Suprema.
ART.3°—Mediante la acción contencioso-administrativa se puede
impugnar, por no conformarse a derecho, los actos u omisiones de las
autoridades políticas y administrativas que lesionen un interés del
demandante, pudiendo ser deducida por toda persona natural o jurídica.
Podrán, asimismo, impugnarse los actos u omisiones que emanen de
las entidades de derecho público que no pertenecen a la Administración o
de las entidades de derecho privado cuando ejerzan funciones públicas
encomendadas por la ley.
Cuando la acción u omisión a que se refiere el art. 1°, lesione un
derecho, el titular de ese derecho podrá solicitar, además de la nulidad del
acto a que se refieren los incisos anteriores, el reconocimiento de una
situación jurídica individualizada, la indemnización de perjuicios que
corresponda, o cualquiera otra declaración conducente al pleno ejercicio del
derecho lesionado.
La acción contencioso-administrativa podrá deducirse también para