Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

abordada, porque es capital. Recuerda que este punto fue abordado aquí
en forma somera. Hubo un informe de la Subcomisión correspondiente, se
intercambiaron algunas ideas y prevaleció el criterio de que todavía no
había claridad acerca de qué debiera o podría contener un capítulo sobre
orden público económico. Incluso, hasta se podía desprender que existía
cierta reticencia a establecer o proponer, por ahora, una normativa
constitucional en esta materia. En esa oportunidad, se señaló que una
política económica no podía ser perpetuada por normas constitucionales,
entrabando el legítimo derecho de la ciudadanía y de los sucesivos
gobiernos de ir adoptando políticas económicas que pudieran ser
diferentes entre sí y corresponder a la evolución político-social y al criterio
que una y otros fueran teniendo frente a estos asuntos. Comparte ese
criterio, ese punto de vista, y piensa que todos estarán de acuerdo en
ello. Lo contrario sería pretender constitucionalizar la línea políticoeconómica
de un gobierno, y eso, evidentemente, no es apropiado. Pero,
por otro lado, no se puede perder de vista que la tarea de construir un
régimen institucional debe considerar en forma vital aquellas
repercusiones que lo económico tiene en la arquitectura de dicho sistema
institucional. En el mundo, los problemas económicos van teniendo, cada
vez más, un lugar preferente dentro de la configuración que se da a los
mecanismos de elaboración de la ley, a los mecanismos de atribución de
facultades a las distintas autoridades —Presidente de la República, órgano
legislativo y otras—, y dentro del contexto de lo que, en el fondo,
constituye la estructura de los órganos del Estado. Por eso, considera
que, sin llegar al extremo de dar a una determinada política económica
una sanción de tipo jurídico-constitucional, es preciso buscar cuáles son
los principios más profundos y de valor permanente que la actual política
económica está tratando de afianzar. Hay que desentrañar, no porque no
esté hecho, sino porque hay que expresarlo luego, por lo menos, en algún
proyecto de norma jurídica, cuáles son las bases esenciales, no sólo de la
administración del Estado, sino también de la estructura económico-social
de la República, en cuando ésta afecta al régimen de libertad de los
ciudadanos y en cuanto también constituye una piedra angular dentro del
sistema institucional. En este sentido, la Comisión no podría trabajar con
fruto y con pleno buen resultado sin una coordinación muy estrecha con
las autoridades del sector económico y sin la colaboración intensa de
parte de ellas, las cuales deben tener a este respecto un interés muy
grande, porque se trata de la forma de dar a todo su trabajo de hoy una
proyección duradera en el tiempo. De modo que, ya que se ha traído a
colación y se ha tocado el problema del orden público económico deja
formulado también este planteamiento, como una inquietud personal,
pero que, cree, puede interpretar al resto de la Comisión.
El señor ORTUZAR (Presidente) estima que, si las dos proposiciones
formuladas por el señor Guzmán fueran acogidas por los Ministros del
sector económico, ello sería de extraordinario interés para la Comisión. La
posibilidad de contar con un proyecto alternativo sería valiosísima. En
cuanto al problema del orden público económico, aún reconociendo que es
muy difícil concretar en normativa constitucional los principios que rigen
la economía, sin embargo, tal vez en ciertos aspectos esenciales ello se