Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

y nueve por ciento de los casos. Indiscutiblemente, hay circunstancias en
que la autoridad administrativa o política no está en condiciones de cumplir
de inmediato el fallo, no sólo por razones de fuerza mayor, sino también, a
veces, por razones de prudencia política. Pero la autoridad administrativa
que no cumple inmediatamente un fallo judicial puede y debe estar sujeta,
en una legislación ordenada, a un, procedimiento que califique su conducta,
ya sea por medio de un juicio político, si se trata de una persona que puede
ser acusable políticamente, ya sea mediante un juicio ordinario, o por
desacato al Poder Judicial, o por perturbar el cumplimiento de la acción de
la justicia.
De manera que una cosa es la exención de responsabilidad frente al
proceso al que pueda verse abocada la autoridad que no cumple
inmediatamente un fallo judicial. Y en esa exención de responsabilidad ella
puede invocar la fuerza mayor, el peligro de crimen o violencia, y quien
tenga facultad para juzgar ese acto deberá apreciar esas circunstancias.
Pero el principio es muy claro: la norma es el cumplimiento inmediato. Si no
se cumple la norma, hay una exención de responsabilidad cuando el
incumplimiento tiene una causa plausible, no sólo en la letra de la ley sino
que también dentro de la equidad y la prudencia que deben presidir los
juicios de un gobernante.
Por eso, no ve ningún inconveniente para establecer que debe ser en
forma oportuna y sin más trámite, dejando constancia de que, a su juicio,
ésa es la figura que se produce en un ordenamiento jurídico adecuado si
hay circunstancias que impiden el cumplimiento de una resolución de los
Tribunales.
El señor ORTUZAR (Presidente) agrega que, entonces, habría acuerdo
para redactar el inciso señalando que la autoridad requerida deberá cumplir
sin más trámite el mandato judicial y que no podrá calificar su fundamento
u oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de
ejecutar.
—Acordado.
Agrega que la Comisión había aprobado el primer inciso del artículo
84, relativo a la responsabilidad de los jueces, en los siguientes términos:
“Los jueces son personalmente responsables, en conformidad a la
ley, por los delitos de cohecho, falta de observancia de las leyes que reglan
el proceso, y, en general, por toda prevaricación o torcida administración de
justicia”.
Recuerda que este inciso dio lugar un largo debate en el seno de la
Comisión y se trajo a colación en esa oportunidad, si mal no recuerda por
el señor Silva, la disposición del artículo 324 del Código Orgánico de
Tribunales que, refiriéndose a esta materia, exime de responsabilidad a los
Ministros de la Corte Suprema por la falta de observancia de las leyes que
reglan el proceso y por la denegación o torcida administración de justicia.