Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

pasado a formar parte él o sus agentes de algunas empresas; él siempre
queda, afuera, porque aunque lo elija el Parlamento, se trata de darle una
posición independiente; es el representante de los administrados para ver
si la Administración funciona bien o funciona mal.
Añade que, siguiendo con el tema del control de mérito, o de
oportunidad, tampoco hay que olvidar que es función de la propia
Administración preocuparse de que los servicios públicos funcionen en forma
satisfactoria. Los decretos leyes Nº 573 y Nº 575, entregan atribuciones
a los Intendentes Regionales para vigilar el funcionamiento de los
servicios públicos en sus regiones, sin perjuicio, naturalmente, del control
jurídico que tiene la Contraloría General de la República.
Lo que sí cree tener claro en este momento es rechazar cualquier
control de mérito del organismo contralor. Le parece que no es la entidad
adecuada. Sí conviene establecer en forma satisfactoria un control de esa
naturaleza en la Administración por una figura independiente que emane
de los Administrados o del Parlamento. Piensa que algo tiene que haber
en este sentido; no puede dejarse a la Administración Pública exenta de
alguna vigilancia que llegue a cuestionar su funcionamiento satisfactorio.
El señor ORTUZAR (Presidente) considera que ODEPLAN, en cierto
modo, está ejerciendo esa labor hoy día, pues está determinando, en
muchos casos, la política de Gobierno a seguir.
El señor BERTELSEN cree que ahí existe otra materia que en su
momento tendrán que enfrentar, cual es la de dar las bases de la
Administración Pública chilena en la Constitución, para que no ocurra lo
que sucedió después de 1925. Ese año este tema no se afrontó, porque la
Carta Fundamental se hizo en forma apresurada a fin de resolver el
problema del presidencialismo o parlamentarismo. Y la Administración
Pública surgió después, sobre todo, en la época de la primera Presidencia
del General Ibáñez —entre 1927 y 1931—, bajo la forma de decretos con
fuerza de ley, naciendo una serie de instituciones que no tuvieron
encuadre constitucional y que, entre otras cosas, quedaron al margen del
Presupuesto de la Nación.
Agrega que tienen que preocuparse, entonces, no en
constitucionalizar a toda la Administración, porque desaparecería el
Derecho Administrativo, pero sí en precisar las bases generales de la
Administración Pública en la Constitución, porque, al fin y al cabo, son los
organismos dependientes relacionados con el Ejecutivo los que llevarán
adelante las grandes líneas de Gobierno en el país. Habrá que indicar muy
en general qué tipos de servicios públicos o de empresas del Estado podrán
existir.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que a propósito de este
tema que plantea el señor Bertelsen, quien sabe si sería conveniente pensar,
aunque no es la materia de la sesión, en designar una Subcomisión
sobre este punto, ya que van a tener que abordar un aspecto bastante