Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Agrega que no le cabe duda alguna de que, teóricamente, debiera
haber un tribunal que aplicara la supremacía de la Constitución con
certeza, con expedición, y que cualquier ciudadano pudiera recurrir a él,
para que así sucediera. Pero en política las cosas lógicas, intelectualmente
razonables, a veces no son reales, porque no se cuenta con la pasión
humana, que se exacerba hasta el infinito en la lucha por alcanzar o
mantener el poder.
De manera que este elemento de la lucha política, que siempre
estará presente, aunque corrijan todos los malos hábitos, les puede producir
problemas serios.
También cree que en un país de legislación unitaria es demasiado
fuerte entregar a la Corte Suprema la facultad de imponer su voluntad,
cualesquiera que sean los requisitos que se exijan al Presidente de la
República, al Congreso, quizás a la unanimidad de él o a su gran mayoría,
conjuntamente con el Presidente de la República, como ocurre a menudo
en las mayorías políticas. Dar esa facultad a la Corte Suprema en un país
de vida política tan activa como Chile va a significar involucrarla, de una
manera u otra, en la lucha política. Racionalmente, puede decirse que la
aplicación del recurso de inaplicabilidad también plantea la lucha política.
Pero esto que parece razonable no ha sucedido antes, ya que la Corte
Suprema ha declarado inaplicables muchas disposiciones legales por ser
contrarias a la Constitución y no se ha producido tal fenómeno.
Distinto es el caso en que el Congreso sabe que su ley ha sido
derogada o ha quedado sin efecto, porque la Corte Suprema se transformaría
o se podría transformar de esa manera en una especie de superpoder.
Y con la franqueza que están hablando, juzgan el equilibrio de
Poderes pensando en un Congreso que aparecía desprestigiado y en una
Corte Suprema que tiene muchas virtudes y aparece prestigiada. Sin
embargo, es posible que el día de mañana las cosas no sean así, y que
tengan una mayoría en la Corte Suprema —por el sistema de designación,
porque Gobiernos sucesivos apliquen criterio político en la elección de las
quinas— que sea politizada y a la cual estén otorgando esta facultad.
Además, existirá la tendencia o la tentación de que, por el sólo efecto de
dar ese poder a la Corte Suprema para derogar las leyes, los gobiernos
tengan que preocuparse de que la mayoría del tribunal esté de acuerdo con
sus tendencias políticas y entren a politizar a la Corte Suprema en su
propia generación.
Agrega que ha sido partidario durante años del recurso de
inconstitucionalidad, y revisando algunas notas de clases ve que lo ha
enseñado como doctrina; pero la experiencia le trae una conclusión distinta
de la que aparece intelectualmente sostenida. Esto, aunque no se aplique
en el Acta Constitucional relativa al Poder Judicial, y en presencia de un
estado de emergencia de cualquier Gobierno, tiene mucha gravedad. No se
está poniendo sólo en el caso de un Gobierno militar, sino en un estado de
emergencia de cualquier Gobierno, porque en definitiva las restricciones