Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Agrega, finalmente, que la Contraloría, por mandato de la Constitución,
debe rechazar los decretos dictados por el Presidente de la República
que excedan los límites señalados en el Nº 10 del artículo 72; debe
tomar razón de los decretos con fuerza de ley, regulados por el artículo 44,
Nº 15, debiendo rechazarlos cuando excedan los límites de la ley
autorizante, teniéndose presente en esta materia que estas resoluciones de
la Contraloría son reclamables, cuando comprometen la constitucionalidad
del decreto con fuerza de ley, ante el Tribunal Constitucional, en virtud del
artículo 78 b) de la Constitución; se establece que el Contralor General de la
República puede ser acusado en juicio político por notable abandono de sus
deberes; y, finalmente, hay una última disposición de carácter
constitucional —que no ha sido derogada, porque el actual Gobierno ha
incorporado otras normas de carácter transitorio a la Carta Fundamental,
manteniendo la numeración—, que es la disposición decimoséptima
transitoria, que otorgó al Contralor General de la República un conjunto de
facultades en materia de nacionalización de la Gran Minería del Cobre y de
la Compañía Minera Andina (Reforma Constitucional de 16 de julio de
1971).
Repite que este es el estatuto constitucional actual de la Contraloría
General de la República, y agrega que hay otro tema al que se referirá a
continuación, que es la naturaleza jurídica del órgano contralor, pues
interesa precisar, primero, en teoría política y, luego, en nuestro
ordenamiento positivo cuál es la naturaleza jurídica de la Contraloría
General de la República: ¿Es un servicio público independiente? ¿Es una
nueva extensión de la potestad administrativa del Estado que se
autoimpone un proceso, un sistema o un mecanismo de fiscalización o de
control? ¿Es un Poder del Estado?
Advierte que ha sostenido, sostiene y cada día se afirma más en la
convicción de que, tanto en teoría política como ya en Derecho Constitucional
específico chileno, la Contraloría General de la República es un
Poder del Estado. Estima que no parece inoportuno recordar que ha habido
y hay otros profesores —es posible que no recuerde sus nombres— que han
sostenido y sostienen la misma tesis, y puede mencionar a Enrique Silva
Cimma y a Mario Bernaschina, entre los que recuerda, que sostenían la tesis
de que la Contraloría es un Poder del Estado.
Expresa que tradicionalmente se ha aceptado, a través de toda la
época llamada del “constitucionalismo clásico” —desde que puede empezar
a hablarse de textos constitucionales, vale decir, a fines del siglo XVIII, en
el XIX y primer tercio del siglo XX—, la existencia, además del Poder
Constituyente, obviamente, de tres Poderes fundamentales, que, como se
sabe, son: el Legislativo, el Administrativo o Ejecutivo y el Judicial.
Pasa a explicar, enseguida, el señor Evans, por qué en teoría política
puede y, en su concepto, debe admitirse la existencia, además, de un Poder
Contralor.
Considera que es verdad que cada profesor tiene ciertos autores
predilectos, y en esta materia, él va a seguir un poco a un tratadista que le