Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

“previo traslado al demandante”— y además consultando a la Corte de
Apelaciones respectiva.
Si dentro de los dos meses siguientes a la dictación del decreto
supremo en que se pide una cosa u otra la autoridad no presenta esta
proposición o si la proposición es rechazada dos veces por el juez, entonces
será el juez quien determinará la forma de cumplimiento de la sentencia
por equivalencia.
La suspensión o inejecución da derecho, en todo caso, al agraviado a
la indemnización de los perjuicios pertinentes, más los reajustes e intereses
legales.
El último Título, signado con el número V, contiene varias disposiciones
generales de algún interés.
En todos los lugares donde existan los juzgados administrativos,
corresponderá a éstos, además de lo que ya se ha visto, el conocimiento y
juzgamiento de todos los asuntos judiciales en que aparezca como
demandante, demandado o peticionario al Fisco de Chile o cualquiera de los
servicios de la Administración. Sin embargo, en cada caso aplicarán las
reglas de procedimiento correspondientes, de acuerdo con las normas
legales vigentes.
Además, en contra de las sentencias definitivas de única y de
segunda instancia que dicten los tribunales administrativos especiales —
aquéllos a que se referían en la ocasión pasada, aquéllos creados por leyes
especiales—, se establece aquí siempre, aunque esas leyes especiales no lo
consideren, un recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones
respectiva, la cual ejercerá también las facultades disciplinarias sobre estos
tribunales. En esta materia, agrega el artículo 66 que se deroga toda
disposición en contrario.
Este mismo precepto deroga también el artículo 213 de la Ordenanza
de Aduanas, que se refiere a la Junta General de Aduanas que conoce en
segunda instancia de los asuntos de que el Superintendente de Aduanas
conoce en primera. ¿Por qué? Porque todo esto se vaciará a estos
tribunales administrativos.
El artículo 67 contiene otra modalidad. Señala que el procedimiento
de lo contencioso-administrativo considerado en esta ley se aplica a todos
aquellos actos que impongan sanciones administrativas a los particulares,
no obstante que leyes especiales establezcan que contra dichos actos no
procede ningún recurso.
Asimismo, para todos aquellos lugares en que existan los tribunales
administrativos, el artículo 68 dispone que les corresponderá a éstos el
conocimiento y juzgamiento de todos los asuntos judiciales, sean
contenciosos o voluntarios, en que aparezcan como demandantes, demandados
o peticionarios, por perjuicios ocasionados en accidentes del