Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

La señorita MADARIAGA (Ministro de Justicia) hace notar que eso no
está en la ley actualmente, y recuerda que en una oportunidad en que a ella
se le pidió redactar un dictamen, no tuvo cómo justificarlo y el dictamen no
se emitió. Agrega que, al respecto, una de las normas que se plantean es la
del artículo 6° de la actual ley orgánica de la Contraloría, que dice que el
Contralor informará mediante dictámenes sobre materias propias de su
competencia, los que, según expresa ese artículo, son obligatorios para la
autoridad que los requirió. Recuerda que el problema que se les planteó en
una ocasión en la Contraloría fue el de que, si el dictamen lo requirió la
autoridad A, ese pronunciamiento, ¿es obligatorio para B? Piensa que la
Contraloría no debe fijar los caminos rígidos de acción de la Administración,
y que, tal vez, se ha explicado mal acerca de lo que entiende por
interpretación finalista de la ley, por lo que aclarará el concepto. A su juicio,
para que ese camino rígido que fija la Contraloría cuando A requirió su
dictamen se entiende que es obligatorio para B —a ella se le pidió que
sostuviera la tesis afirmativa—, es necesario salirse de la ley para hacerlo,
pero la Contraloría lo hace obligatorio para B porque, como deja sentado
como jurisprudencia el dictamen requerido por A, se lo aplica a B por la vía
de la toma de razón.
El señor ORTUZAR (Presidente) estima que el problema planteado por
el señor Bertelsen es otro, y él comparte su punto de vista.
El señor BERTELSEN acota que, de todos modos, ese problema
también está relacionado con este punto.
El señor ORTUZAR (Presidente) entiende que, evidentemente, ese
problema está muy relacionado con este aspecto, pero nada más que con
un sector de su aplicación, porque hay sectores de aplicación de la ley que
no son los dictámenes, como el interpretativo de carácter general, en que
también se planteará el problema, y así, por ejemplo, ello ocurrirá si el día
de mañana el Contralor conoce de un sumario instruido por una supuesta
infracción de un funcionario que, en realidad, no ha infringido ni el espíritu
ni la intención ni la finalidad de la ley, pero sí la letra de la misma, como es
el caso mencionado por la señorita Ministro de Justicia.
Cree que, como lo establece el Código Civil, sólo al legislador debería
tocar interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, y se inclina a
compartir esa opinión; pero estima que el problema se resuelve si, en
definitiva, se llega a la conclusión de que no es conveniente establecer un
precepto específico sobre esta materia, salvo que en la ley orgánica de la
Contraloría, el día de mañana, para determinados asuntos, se concedan
facultades un poco más discrecionales al Contralor. Le parece que no es
conveniente establecer una norma de interpretación finalista de la ley,
porque, para él, siempre la interpretación de la ley no puede prescindir de la
finalidad de la misma.
El señor GUZMAN considera que, en realidad, la discusión puede
parecer un poco académica, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que se
trata de clarificar criterios sobre materias que están, todas ellas, muy
entrelazadas, como con razón lo acaba de señalar el señor Bertelsen. Estima