Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Poderes del Estado es algo que hoy día resulta muy difícil de precisar.
Naturalmente, está en claro, sí, que eso no significa el término de
este trabajo. Porque se debe preparar un anteproyecto de Constitución
Política que tienda a poseer un carácter presuntivamente más duradero y
permanente que el que se atribuye hoy a las Actas Constitucionales. Pero
ello no excluye que, por las circunstancias políticas y su desenvolvimiento,
este cuerpo de Actas Constitucionales deba durar en Chile un tiempo
relativamente importante si el actual Gobierno de la República, como todos
esperan, tiene éxito en su gestión. Es muy posible que, sin llegar a tener un
carácter permanente o una pretensión de ser definitiva, su duración sea
prolongada.
Ahora, cree que la denominación “Acta Constitucional”, en vez de
“Constitución Política”, denota la convicción de que se trata de un fenómeno
gradual, que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que es entendido
como provisional, como más provisional que lo que se entiende un
anteproyecto de futura Constitución completa. Hay ya un reconocimiento de
que no tienen la majestad de una Constitución completa; evidentemente,
no la tienen. Y por eso es por lo que se las ha llamado “Actas
Constitucionales”; porque además se van dictando en el curso del tiempo,
van siendo el fruto de una evolución. Pero la circunstancia de que existan
va constituyendo un peldaño muy importante dentro de la evolución
constitucional chilena.
Por otro lado, si ya es un hecho que el Gobierno desea la dictación de
un Acta Constitucional referida a los Poderes del Estado y su ejercicio en lo
atinente por lo menos al Poder Legislativo y al Judicial, parece que no tiene
sentido dejar como colgajos de la Constitución de 1925 ciertos preceptos
enteramente minoritarios, en cuanto a su número, que podrían ser vertidos
en Actas Constitucionales. No se trata de renunciar, como muy bien dice el
señor Bertelsen, a la filosofía, al contenido, a la tradición que encierra la
Carta Fundamental de 1925 y toda la historia constitucional chilena. Se
trata simplemente de un problema más bien técnico: de cómo presentar
estas normas, de cómo adaptarlas y de cómo configurar un ordenamiento
jurídico que tenga la mayor certeza posible y una organicidad más o menos
suficiente a este respecto.
Por eso, se inclina por continuar avanzando en el camino de las Actas
Constitucionales, sin perjuicio de contribuir a ilustrar la decisión del
Gobierno en cuanto al momento para la dictación de cada una de ellas. Pero
la conversión completa de la Constitución de 1925 en un conjunto de Actas
Constitucionales es un fenómeno hacia el cual ya se ha avanzado en un
grado que resultaría inconveniente retrotraer o estancar.
Le parece que se debe seguir caminando hacia allá, sin tener el
temor de que esta situación pueda durar algún tiempo, por cuanto existen
países que han tenido un ordenamiento constitucional compuesto por varios
cuerpos y no por una Constitución de texto único, como Israel o como hasta
ahora España. De manera que se puede tener un conjunto de documentos