Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

las Asambleas Provinciales, los tribunales contencioso-administrativos, los
intendentes —refiriéndose al texto antiguo— que están citados en la
Constitución y respecto de los cuales nunca se ha pensado que constituyan
poder del Estado, salvo, como lo creen algunos, el Tribunal Calificador.
Algunos dicen que el hecho de que se haya consagrado en ese texto está
demostrando que se trata de un poder del Estado. No le parece. Hay una
larga enumeración de las constituciones americanas, tales como las de
Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Salvador, que
consagran ese organismo en el texto constitucional; pero ellas no lo
consagran, contra lo que se dice generalmente, como poder del Estado. Al
contrario, hay muchos comentaristas en cada uno de los países citados que
llegan a la conclusión de que no es un poder del Estado. Por ejemplo, el
Director General de los Servicios Jurídicos del Uruguay, dice respecto del
tribunal correspondiente en ese país, que, “pese a su condición de órgano
creado por la Constitución, que está coordinado, pero no subordinado a los
demás poderes u órganos del Estado, no tiene el tribunal el ejercicio
predominante y distinto al que corresponde a los otros poderes de una de
las funciones jurídicas del Estado: la legislativa, la administrativa o la
jurisdiccional, que es, según la mayoría de los autores, elemento
complementario imprescindible para caracterizar a un poder del Estado. En
efecto, el Tribunal de Cuentas “—así se llama allá—” actúa en función
administrativa, pues ésa es la índole y la naturaleza de la actividad de
control, fiscalización, asesoramiento y superintendencia sobre las oficinas
contables que ejerce, y aún es administrativa su función de dictar
ordenanzas. Ahora bien, quien tiene en nuestro Estado el ejercicio
predominante de la función administrativa es el Poder Ejecutivo. En
consecuencia, no puede sostenerse que el Tribunal de Cuentas sea un Poder
del Estado, sino una autoridad sui géneris de similares características y
ubicación institucional a la acordada por nuestra Constitución a la Corte
Electoral y al tribunal de lo contencioso-administrativo”.
El doctor Aparicio Méndez, quien ahora es Presidente de la República
en el Uruguay, cuando era miembro del Concejo de Estado, dijo que, “si
bien no llegan a constituir Poder, hay en ellos” —en estos órganos que ha
señalado— “cierta dosis del Poder Público; se trata de Poderes del Estado
embrionarios o en formación con las potestades constitucionales
conferidas”.
El argentino Marienhoff, profesor emérito de Derecho Administrativo
de la Universidad de La Plata y ex Procurador del Tesoro, opinando sobre
nuestra Contraloría General de la República, dice que este organismo, “por
disposición de la Constitución, es un ente autónomo de categoría
constitucional, pero en modo alguno considera que se trate de un Poder
diferenciado dentro del Estado, pues corresponde encuadrarlo dentro del
Poder Ejecutivo. Simplemente se trata de un órgano administrativo, dotado
por la Constitución de plena autonomía para el cumplimiento de sus
cometidos. Los Poderes estatales siguen siendo los clásicos: Legislativo,
Judicial y Ejecutivo. La Contraloría General, de la República de Chile es un
órgano de órganos: es un órgano del órgano Ejecutivo de Gobierno,
expresamente dotado de autonomía y de personalidad por la Ley Suprema”.