Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

en la Constitución del 25, que pueden mejorarse. Figuran, por ejemplo,
algunas de las que ya han sido objeto de enmiendas en el anteproyecto que
se ha estado estudiando: extender la superintendencia de la Corte
Suprema, de modo que no queden dudas acerca de qué tribunales y
organismos afecta; modificar, tal vez, el artículo 87, para hacerlo
congruente con el proyecto de decreto-ley sobre organización de lo
contencioso-administrativo; introducir alguna disposición —como la que se
estudiaba el miércoles de la semana pasada— sobre la prohibición de
constituir tribunales o jurados populares; perfeccionar quizás, en algunos
aspectos, el recurso de inaplicabilidad, etcétera. Aún cuando reconoce que
no son de gran monta, cree que existen algunas materias relativas al Poder
Judicial que pueden ser objeto de perfeccionamiento.
A su juicio, existe el propósito gubernamental de poner pronto
término, en forma indiscutida, a la vigencia de los pocos capítulos que
actualmente quedan en vigor de la Constitución de 1925. Si se observa su
texto se constata que son muy pocos los capítulos que tienen vigencia
plena: el relativo al Poder Judicial; el referente a la nacionalidad y
ciudadanía, con algunas modificaciones —lo relativo a ciudadanía está
suspendido, pues no tiene aplicación práctica—; lo referente al artículo 44,
en relación con el Congreso Nacional, que fija las materias de ley. Lo
concerniente al Ejecutivo está profundamente modificado. Está retirado,
con algunas enmiendas, en el decreto-ley N° 527, de 1974, sobre el
Estatuto de la Junta de Gobierno. Quedan vigentes algunos artículos
relativos a la Contraloría, aunque ésta ha sido objeto de otras
modificaciones posteriores establecidas en decretos-leyes constitucionales.
Lo relativo al Gobierno y Administración Interior está completamente
sustituido por el decreto-ley N° 573, de 1974. El capítulo final de la
Constitución no tiene aplicación alguna. De modo que hay ventajas en
poner fin a esta situación de incertidumbre que reina sobre las normas
fundamentales del país. Ahora, el hecho de que éstas no estén en un texto
único, que al fin y al cabo es un código, es algo que no tiene mayor
importancia. Lo que sí tiene trascendencia es que haya certeza en cuáles
son las normas constitucionales vigentes en un país. De modo que cree que
las normas constitucionales chilenas tendrán que estar en Actas
Constitucionales por un tiempo prolongado, porque así lo exige la situación
del país. Llama a aprovechar, entonces, la ocasión de que hay un mandato
constitucional en el artículo 2° transitorio del Acta Constitucional N° 2 —que
entiende referido a todos los Poderes del Estado— para configurar el Poder
Judicial y perfeccionarlo en la forma de Acta Constitucional.
Le parece que es real el argumento dado de un desprestigio
internacional por afectar al Poder Judicial, pero estima que no se debe
tenerlo en cuenta por lo siguiente: lo que se desea del Gobierno chileno a
nivel internacional —hay que decirlo sinceramente—, es una capitulación.
Que se toque el Poder Judicial o que no se toque; que se perfeccionen las
garantías constitucionales o que no se perfeccionen, no va a acallar la
gritería internacional contra Chile. De modo que, en ese sentido, una
materia tan importante como es elaborar y promulgar Actas y disposiciones
constitucionales sobre uno de los Poderes del Estado, que es una de las