Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

después vendrá la Ley Orgánica de la Contraloría, que es uno de aquellos
textos legales típicos que también deberán tener en el futuro un rango
especial. Cree que deberá, además, indicarse, en alguna otra disposición,
ciertas reglas generales de funcionamiento de la Contraloría y algunas
relaciones especiales con otros Poderes Públicos.
El señor ORTUZAR (Presidente) considera que tal vez una de las
normas que les va a dar más quehacer es la relativa a los tribunales
contencioso-administrativos, y hace presente que, en definitiva, al
Contralor no se le invitaría hasta después de conocer este memorandum e
intercambiar opiniones, a fin de que en esa oportunidad hayan avanzado en
el debate y estén en condiciones de formularle planteamientos bien
precisos.
El señor GUZMAN expresa que desea señalar dos cosas: la primera
es que, a su juicio, es evidente que el contenido actual de la Constitución —
artículo 21— para nada refleja lo que es la Contraloría General de la
República dentro de la organización institucional chilena vigente y del
pasado reciente, por lo que es indudable que requiere una reforma
bastante sustancial, en términos de agregar una serie de preceptos que
realmente ofrezcan un panorama básico de lo que este órgano representa
dentro de nuestro sistema institucional.
Agrega que recoge, en ese sentido, las expresiones del señor
Bertelsen, que le parecen muy atinadas, en orden a que hay una serie de
materias —especialmente en lo relativo a la función de la Contraloría como
elemento de control de la legalidad y de la constitucionalidad de los
decretos, sean éstos supremos o promulgatorios de leyes— cuya importancia
es tan grande, que resulta absurdo que estén fuera del texto
constitucional. Estima que quien lea el artículo 21 de la Constitución no se
formará ni remotamente la idea de lo que es la Contraloría General de la
República en la realidad jurídica y práctica de nuestro país desde hace ya
bastante tiempo, y, concretamente, desde la dictación de su Ley Orgánica;
pero comparte también lo que se ha indicado en cuanto a que el proyecto
de la Contraloría llega a excesos de detalles y es demasiado reglamentario.
Cree, en segundo término, que para analizar el tema en general,
antes de entrar a la preceptiva particular, lo que debe determinarse es qué
procedimiento de fiscalización se va a consagrar como estructura general
dentro del sistema constitucional chileno, cuál va a ser nuestro proyecto en
la materia, porque ocurre que la Contraloría es un órgano fiscalizador —de
eso no cabe la menor duda—, pero aquí se ha visto su vinculación con los
tribunales contencioso-administrativos; se ha insinuado también la relación
que tendría con la existencia o no existencia eventual de un tribunal
constitucional, y recuerda que hubo, hace algún tiempo, un principio de
acuerdo en el sentido de que debiera existir un órgano de esta índole,
aunque con una estructura y quizá con atribuciones diferentes de las que
tenía el Tribunal Constitucional aprobado en la reforma de 1970 de la Carta
Fundamental, pero debe haber algún tribunal constitucional. Hace presente
que tiene también íntima relación con este tema el sentido que se dé a las
facultades de la Contraloría, y, por último, considera necesario debatir,