Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ha habido unanimidad para estimar que es fundamental la creación de los
Tribunales Contencioso-Administrativo o, por lo menos, resolver el problema
dándole esta atribución jurisdiccional a los Tribunales Ordinarios de Justicia
con algunas modalidades. Anota que en este sentido ya existe un
anteproyecto elaborado por una de nuestras Subcomisiones, el que, en
realidad, se había pensado tratar, inclusive, antes del Capítulo de la
Contraloría General de la República, y si no lo hicieron fue porque la
señorita Ministro de Justicia solicitó que se le diera preferencia a este tema
de la Contraloría; pero es una materia que se va a abordar, o que, por lo
menos, se va a proponer al Supremo Gobierno.
Ofrece la palabra al señor Lorca.
El señor LORCA concuerda, haciéndose eco de las opiniones del señor
Verdugo, en que el Gobierno, indiscutiblemente, ha dado una mayor eficacia
al control que ejerce la Contraloría General de la República, y considera
también —por lo que en la sesión de ayer se comentó y por lo que opinó el
Ministro de Hacienda—, que existen diversas formas de control de la
administración, una de las cuales es el control político de ésta, que hoy día
no existe, por lo cual el Gobierno, en su deseo de dar mayor consistencia al
establecimiento del Estado de Derecho, ha tenido que entregar esta mayor
posibilidad de fiscalización al organismo que en la actualidad está instituido
como tal; pero, evidentemente —y cree que su reflexión es muy cierta y
valedera—, eso no puede tenerse presente en forma absoluta para la
“regimentación” de la futura institucionalidad, porque sin duda caerían en
un grave error, ya que se está tratando de elaborar una Constitución Política
en la que tendrán que establecerse otros tipos de control y no sólo el de la
Contraloría General de la República.
El señor ORTUZAR (Presidente) formula una última observación en
relación a un tema que por ahora es el único que no visualiza bien
claramente, en el que le pareció observar una pequeña diferencia de
opiniones entre los dos profesores invitados, cual es el que se refiere,
precisamente, al control jurídico.
Hace saber que su impresión personal —por eso aportó esta opinión
como una materia de debate aprovechando la presencia de los profesores
señores Evans y Verdugo—, es que necesariamente se debe contemplar en
la Constitución el control jurídico, porque, como lo señalaran ambos —y en
esto fueron coincidentes—, esto que se encuentra actualmente en la Ley
Orgánica de la Contraloría si que tiene rango constitucional, porque es tal
vez la función más importante de la Contraloría General de la República, en
cuanto está destinada a preservar el Estado de Derecho. Pero, a él, le
parece que si se va a establecer en la Constitución el control jurídico, o sea
la facultad de poder representar los actos generales de administración,
también tiene que establecerse en la misma norma constitucional la facultad
de insistir y las limitaciones a esta facultad, que él la visualiza —como decía
el señor Evans—, no sólo en relación al hecho preciso, que probablemente él
citó por vía de ejemplo, del decreto promulgatorio de una norma constitucional
o modificatoria de la Constitución, sino respecto a todo acto de
administración que pudiera implicar una infracción o modificación de la