Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Estima que, como se expresó en 1973 cuando se redactó por la
Comisión el Memorandum sobre Metas y Objetivos para la nueva Constitución
Política, en Chile hay conciencia de que se ha abusado de los
decretos de insistencia, y parece que el señor Contralor se hace cargo de
ello en su proyecto al señalar que sólo habría insistencia cuando él
represente por ilegalidad. Piensa que debe buscarse un mecanismo que
restrinja la posibilidad de los decretos de insistencia, porque, como acaba
de apuntarlo, si su dictación se constitucionaliza, habría también que
restringir la facultad del Ejecutivo para dictarlos, y cree que en esta materia
el debate podría girar en torno de hacer procedente el decreto de insistencia
sólo respecto de algunas materias relativas a seguridad interior o exterior,
situaciones de emergencia económica, calamidades públicas, etcétera; es
decir, buscar una serie de categorías, de hechos o circunstancias frente a
las cuales el Ejecutivo pueda disponer de la facultad de dictar decretos de
insistencia, aún cuando la Contraloría los represente, dejando siempre el
camino expedito para que el Jefe del Estado pueda recurrir al Tribunal
Constitucional, en el caso de representación.
Cree que, en resumen, las opciones que deberían abrirse
constitucionalmente al Ejecutivo frente a un decreto representado por la
Contraloría serían, primero, retirar el decreto; segundo subsanar los
defectos que han motivado la representación; tercero, insistir, si la insistencia
está autorizada por la Constitución, si está dentro de los casos
previstos por ella; y, en todo caso, darle facultad al Poder Ejecutivo para
recurrir al Tribunal Constitucional, el que debería pronunciarse en un plazo
brevísimo.
Estima que en la Constitución deben también figurar los requisitos de
nombramiento del Contralor: acuerdo de la Junta de Gobierno, si se tratara
de la vigencia de un Acta Constitucional, o bien, acuerdo del Senado, en la
Constitución definitiva. Asimismo, señalaría su garantía fundamental: la
inamovilidad, igual a la que protege al Fiscal y Ministros de la Corte
Suprema; y su sometimiento al juicio político, si la futura Carta
Fundamental mantuviera esta institución, y consideraría la posibilidad de
que el Contralor sometiera a la aprobación de la Junta de Gobierno, o del
Senado, el nombramiento del Subcontralor, que hoy día es de su exclusiva
atribución, porque éste, por mandato de la ley, subroga al Contralor, y si al
Contralor General de la República se le dará un conjunto de atribuciones de
una entidad jurídica un poco mayor que la que tiene —que ya es mucha,—
cree que al Subcontralor hay que rodearlo, por lo menos, en su acceso al
cargo, de la garantía que implica el hecho de que su nombramiento cuente
con la aprobación de un órgano como el Senado, o el órgano colegislador
que contemple la futura Constitución.
Expresa que, finalmente, desea sugerir una materia de debate frente
a la cual tiene una posición más positiva que negativa, reconociendo que es
muy controvertida, pero que ya la anunció también esta Comisión en ese
Memorandum sobre Metas y Objetivos de la futura Constitución, a
sugerencia de la Contraloría: él dotaría a la Contraloría, en la Constitución,
de imperio para hacer cumplir sus decisiones o algunas de sus decisiones,
estableciendo en la propia Constitución garantías procesales de protección al