Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

astante más clara que la anterior. Ha tomado en consideración las
diversas observaciones que se formularon, como la relativa a incorporar
en la Constitución el nombramiento del Contralor. No ve, sí, el aspecto de
la remoción, punto que también habría que consignar.
Reitera que, para él, lo fundamental es precisar la órbita o la
jurisdicción del órgano contralor: si quedará comprendida en ella toda la
organización administrativa paralela a la fiscal, y, si ello es así, en qué
forma tal jurisdicción se llevará a cabo. Por eso, tendrán que escuchar las
opiniones que formularán los señores Ministros de CONARA y ODEPLAN.
El señor CARMONA cree que la materia más importante de este
proyecto es el sistema contencioso de anulación establecido en el artículo
5°.
Como se trata de una proposición para un Acta Constitucional, o
sea, para un período de transición, mientras se dictan las nuevas normas
constitucionales, deberían abocarse a su estudio en la forma propuesta.
Respecto de lo contencioso-administrativo, habría que tomar en
cuenta algunos factores. Por ejemplo, ¿es conveniente establecer en ese
período el sistema contencioso de anulación o es preferible reservarlo
para las disposiciones definitivas de la Constitución Política del Estado? Si
se resolviera afirmativamente, habría que considerar todos los aspectos
negativos existentes en este momento, en cuanto a medios del país para
establecer el sistema de un modo útil y de inmediato.
Le parece que la creación inmediata de los tribunales administrativos,
aunque sean los mismos tribunales ordinarios, merecería algunas
dudas, dada la inexperiencia de ellos en este sentido. Por otra parte, esta
la experiencia de la Contraloría en todo cuanto se refiere al manejo y
control de la Administración Pública, factor bastante favorable para
ensayar, por medio de la misma, el sistema contencioso de anulación o la
forma da establecerlo en términos que pudieran parecerles más
adecuados. En caso afirmativo, y en vista no de la imposibilidad, sino de
las dificultades que habría para entregar de inmediato a los tribunales
ordinarios lo relacionado con lo contencioso-administrativo, tal vez podría
pensarse en un régimen mixto, en que algunas de las materias de
anulación pudieran conocerlas la Contraloría, y recurrirse a la Corte
Suprema, que resolvería.
Sugiere esta idea como punto de estudio y para ese período
indudablemente intermedio, hasta encontrar una solución más definitiva.
En el artículo 5°, que dará origen a un análisis muy profundo, nota
que la tendencia de la Contraloría es resolver ella misma, en definitiva, el
pleito sobre los actos de administración del Estado. Dice “tendencia”
porque el mecanismo de la insistencia, al establecerse el sistema
contencioso de anulación, de hecho estaría resuelto en favor de la
Contraloría. No ve qué objeto puede tener ese mecanismo si con