Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

manera que no podían suponer un conflicto de este tipo. Sin embargo, en
definitiva, todos se inclinaron, en la duda, por mantener el recurso de
inaplicabilidad más o menos en los términos en que está actualmente
consagrado en el artículo 86, pero con algunas modificaciones.
En primer lugar, se establece que la Corte Suprema, “en las materias
de que conozca o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en
cualquier gestión que se siga ante otro Tribunal, podrá declarar inaplicable
para estos casos todo precepto legal contrario a la Constitución”,
Se dijo “en las materias” y no “en los casos”, para comprender
algunas en las cuales tiene competencia para conocer la Corte Suprema y
en las que pueden incidir leyes inconstitucionales. Por ejemplo, en todo lo
relativo a la generación misma del Poder Judicial, con la formación de las
ternas, con el ejercicio de sus atribuciones disciplinarias o económicas,
donde podrían dictarse leyes que fueran inconstitucionales y, en que ella,
sin embargo, no pudiera hacer la declaración, aún teniendo que conocer de
esta materia.
En seguida, no se estimó necesaria la existencia de un juicio, sino
que bastaba con la de cualquier gestión que se siga ante nuestros
Tribunales.
Finalmente, se dispuso que este recurso podría deducirse en cualquier
estado de la gestión y que la Corte podría ordenar la suspensión del
procedimiento cuando naturalmente lo estimara conveniente.
A continuación, la Comisión se abocó a consignar un precepto nuevo,
que no aparece en el Capítulo VII de la Constitución vigente en esta parte,
relativo al fuero judicial, que es una sentida aspiración de los magistrados,
según lo hizo presente el Presidente de la Corte Suprema, y que tiene por
objeto garantizar la plena libertad de aquéllos en el ejercicio de sus
funciones.
La señora ROMO cree que vale la pena mencionar que se hizo
reserva de dejar establecida la necesidad de crear un recurso de inconstitucionalidad
para tratarlo en otro capítulo más adelante, cuando la ley
fuera inconstitucional en su generación.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que en realidad, no quería
extenderse demasiado, pero ya que la señora Romo hace la observación,
manifiesta que hubo unanimidad, consenso en la Comisión, en el sentido de
que era preciso defender el principio de la supremacía constitucional.
Por de pronto, lo establecen ya las Actas Constitucionales en varios
de sus preceptos, en especial la Nº 2. Por lo tanto, será necesario
consagrar un Tribunal de jerarquía constitucional, con una formación
naturalmente distinta de la que tuvo en su época el Tribunal Constitucional,
que pudiera declarar la inconstitucionalidad de las leyes que durante su
tramitación infringieran la Constitución Política del Estado.