Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

administración centralizada y administración descentralizada; otra, de
acuerdo con el decreto ley 1.263, habla de “un sector público” y de “un
sector privado”.
De acuerdo a esta última clasificación, el artículo 2° de ese decreto
ley dice: “El sistema de administración financiera del Estado comprende los
servicios e instituciones siguientes, los cuales, para estos efectos, se
entenderán por Sector Público”… y a continuación hace una enumeración
que empieza con la Junta de Gobierno y sigue con el Congreso Nacional, el
Poder Judicial, la Contraloría General de la República, los ministerios, las
municipalidades y el Área Metropolitana de Santiago.
Pero añade el referido artículo: “Asimismo, el sistema de administración
financiera del Estado comprende, en general, a todos los servicios
e instituciones de la administración centralizada y descentralizada del
Estado, aún cuando no estén incluidos en la enumeración precedente”. De
manera que deja abierto el campo para una futura clasificación,
A este respecto, continúa el señor Guzmán Dinator, tiene un poco de
temor ante una idea expresada por la señora Bulnes, en el sentido de que
debería fijarse en el texto constitucional un criterio de clasificación de los
entes sujetos a fiscalización y de los no afectos a ella. Recuerda que cuando
se dictó la Constitución de 1925 también se habló de un criterio de
clasificación, pero no se suponía que iban a existir entidades semifiscales, y
fue necesaria la dictación de una ley interpretativa de las disposiciones
constitucionales para que se entendiera que entre las prohibiciones
parlamentarias estaba la de ser nombrado en cargos de instituciones
semifiscales.
Teme que si en este momento el Gobierno colocara en la Constitución
un precepto clasificatorio a firme, en el futuro pudieran encontrarse con
entes de una naturaleza que quizás ahora no imaginan, y que habría que
adaptar a esta clasificación. Por lo demás, imagina a un legislador adusto y
que, en consecuencia, está en cada caso calificando las circunstancias que
lo pueden llevar a incluir o no incluir a determinados entes jurídicos en la
clasificación.
Tal vez, desde este punto de vista, podría seguirse el criterio de la
Constitución de Venezuela, de 1961, que en su artículo 235, dice: “Las
funciones de la Contraloría General de la República podrán extenderse, por
ley, a los institutos autónomos, así como también a las administraciones
estatales o municipales, sin menoscabo de la autonomía que a éstas se
garantiza en la presente Constitución”, O sea, una disposición básica muy
general y una autorización para que el legislador, calificando las
circunstancias del momento, pueda incluir, entre las materias objeto de
fiscalización por la Contraloría, otras de este tipo.
En general, agrega, le parece que el control de la Contraloría General
de la República debería ejercerse sobre toda la administración centralizada y
la territorialmente descentralizada, tanto en el aspecto anterior como en el
ulterior, y también respecto de las instituciones semifiscales y