Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Sin duda, esta Administración Pública no sirve a la actual política
económica, pero tampoco sirvió a ninguna del pasado y, por eso, siempre
se sumó una cosa nueva. Tal vez se necesitaría algún mecanismo de
ajuste un poco más ágil, que no alcanza a visualizar ahora. Es una tarea
gigantesca, debido al Estatuto Administrativo y a una serie de otras
normas, la de reducir el personal de la Administración Pública.
El señor DANUS (Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de
Fomento) expresa que, a su juicio, la política económica está bastante
clara. Se encuentra manifestada en los discursos de los Ministros y en
todos los sistemas en aplicación y, por eso mismo, no es absolutamente
precisa, como no lo es, por lo demás, ninguna política. Está clara, entre
otros textos, en la Declaración de Principios del Gobierno. Podría
estudiarse la posibilidad de que algunos de esos conceptos, como, por
ejemplo, el de la subsidiariedad y otros, se incorporen al texto constitucional.
Sin embargo, ha encontrado que la Administración Pública,
seguramente debido a la transición, le ha impuesto algunas exigencias
que lo hacen rebelarse, porque no son concordantes, como el señor Ministro
lo sabe, con la política económica. Esta etapa ha obligado seguramente
a que el Ministro de Hacienda, en especial, actúe directamente
en lo relativo a la reducción de personal e imponga la exigencia de no
contratar grados mayores, etcétera, pero se producen las cosas ilógicas
que el señor Ministro indicó recién. La Corporación de Fomento, por
ejemplo, ha vendido numerosos inmuebles, y tuvo una dificultad para
comprar dos o cuatro viviendas que necesitaba en Puerto Montt para los
funcionarios. Sin embargo, ha vendido sesenta de sus propiedades.
Además de este tipo de ataduras, que tienen por objeto obligar a la
Administración Pública en general —y a la que se han agregado ahora la
CORFO y las empresas del Estado—, existen otros sistemas de control.
Entiende que ahora se vive una transición y se debe aceptar todos estos
inconvenientes, pero es necesario tener claro que esto no puede ser así a
largo plazo. A las empresas sí que hay que medirlas por los resultados
finales y en la línea correspondiente de las utilidades que han dado o que
no han dado, no en este caso por la Contraloría General de la República,
sino por el organismo superior que les es propio.
El primer paso podría ser dejar alguno de estos principios más
fundamentales, que son los que corresponden, por lo demás, a la jerarquía
de la disposición. Esa sería una luz que iría indicando el camino a
seguir, aunque falta eliminar muchísimas disposiciones precisas que
entraban la correcta actuación de la Administración Pública y, muchísimo
más, la de estas corporaciones y empresas del Estado, que fueron
creadas con una finalidad muy distinta.
El señor BERTELSEN señala que quiere manifestar una preocupación
y hacer una pregunta.