Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ser el ámbito de la acción fiscalizadora de la Contraloría, es decir, si,
además del sector centralizado del Estado, debe comprender también al
sector descentralizado y a las empresas del Estado, lo que les ha merecido
profunda duda por las características de estas empresas, que son muy
similares a las privadas y muchas veces están llamadas a competir con
ellas; desean particularmente conocer su opinión con respecto al alcance
que debe tener esta función de control en lo que dice relación al control
jurídico, contable-financiero y administrativo; les interesa conocer su
criterio sobre si el control jurídico, como lo propone el señor Contralor,
puede llegar, en ciertos casos, hasta el extremo de poder anular un acto de
la Administración, lo que, en principio, les parece más bien propio de un
tribunal contencioso-administrativo; y también, es de interés de la Comisión
saber su juicio acerca de si la fiscalización o el control administrativo puede
alcanzar hasta el grado de transformarse en un control de eficiencia o de
resultados de la administración, lo que podría significar convertir a la Contraloría
en un organismo coadministrador o colocarla por encima del Poder
Ejecutivo.
Anota que, por último, les agradaría que, si fuera posible, incluso les
dieran una visión general de lo que debe ser el control en un Estado de
Derecho, y se refiere ya no sólo al control administrativo, sino al control
político y al control jurisdiccional. En suma —agrega—, les gustaría que les
dijeran cómo visualizan el problema de la fiscalización en general.
Reitera los agradecimientos de la Comisión a ambos distinguidos
profesores y amigos, y ofrece la palabra a don Enrique Evans.
El señor EVANS (Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Católica de Chile) hace presente que, en primer término, quiere hacer
constar que concurre a esta sesión reconocido por la invitación que se le ha
formulado y, además, cumpliendo con un imperativo de conciencia, porque
le asiste la convicción de que es de tal entidad la trascendencia colectiva
que tiene, y que seguramente tendrá la labor de esta Comisión, que, en
conciencia y en razón de patria, piensa que nadie puede negar su
colaboración, por modesta que ella sea, cuando en una tarea de esas
características le es solicitada.
Expresa que no tiene, por cierto, la pretensión de aportar nada nuevo
en una materia que ha sido muy estudiada y muy agotada, especialmente,
en el ámbito del Derecho Administrativo en Chile, ya que es efectivo que el
Derecho Constitucional no ha penetrado tan profundamente en la
significación de la Contraloría General de la República, pero en el Derecho
Administrativo la bibliografía es abundantísima y, curiosamente, más
abundantísima hasta hace diez años. De manera que repite que no tiene la
pretensión de aportar ideas novedosas, pero sí abriga la esperanza de que
las exposiciones que con el profesor Verdugo realicen, permitan a la
Comisión disponer de mayores elementos de juicio para proponer, en
definitiva, acerca de la Contraloría General de la República, una normativa
constitucional que refleje las necesidades y los imperativos de un estado de
derecho moderno, como el que aspiran a recrear —destaca que dice a
“recrear”— en nuestro país.