Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

inconveniente, Por otra parte, si los tribunales de lo contenciosoadministrativo
conservaran la facultad de resolver acerca de lo contenciosoadministrativo,
las resoluciones de la Contraloría darían lugar a una doble
competencia, con la desventaja de que, por una parte, se parcelarían los
recursos y, por otra, se crearía una jurisprudencia totalmente vacilante y,
quizás, contradictoria.
El señor ORTUZAR (Presidente) acota que, además, como lo señaló el
señor Carmona en una ocasión, podría significar desconocer la facultad de
insistir del Presidente de la República, pues por esta vía podría anularse el
decreto insistido.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
señala que no comparte la idea de que los tribunales de lo contenciosoadministrativo
formen parte del Poder Judicial, aunque respeta el criterio de
esta Comisión que la sustenta. Piensa que, por su naturaleza, dichos
tribunales forman parte del Poder Ejecutivo, entre otras razones, por la falta
de competencia que en materias administrativas suelen tener los tribunales
de justicia.
El señor ORTUZAR (Presidente) señala que ha sido más bien una
razón de orden pragmático la que ha llevado a la Comisión —como para
hacer posible y viable la creación de esos tribunales— a encargar esta
competencia a los tribunales ordinarios de justicia; pero con ciertas
modalidades, de manera que puedan, en cierto modo, ya sea oyendo a
instituciones especializadas, a profesores, etcétera, o integradas las salas en
forma especial, resolver los asuntos. Porque si se piensa en crear tribunales
administrativos, como sería el ideal, probablemente la disposición quedará
de nuevo como una norma programática.
El señor GUZMAN DINATOR (profesor de Derecho Constitucional)
expresa que otro aspecto importante es lo que se ha llamado “el imperio”;
es decir, la facultad que tendría la Contraloría, según el anteproyecto, de
hacer cumplir sus resoluciones desde el punto de vista administrativo.
Personalmente, agrega, es contrario a esta facultad. Primero, porque cree
que está en contraposición con la tendencia moderna de separar al juez
instructor del juez sentenciador. Le parece que las dos facultades son un
poco incompatibles, ya que por más objetivo que el juez instructor quiera
ser, se identifica un poco con su acusación. De tal manera que es
intelectualmente difícil que se desdoble de sus papeles de fiscal o de
acusador público y de juez que va a resolver el asunto.
Por la misma razón dada anteriormente, estima que la Contraloría no
es buen juez para juzgar a la Administración. Es buen instructor de
sumarios. Pero, por el hecho de que sus funcionarios no han formado parte
de la Administración activa, no conocen todas las dificultades de ella en el
manejo del servicio. Entonces resultan ser jueces demasiado severos, como
que son jueces que están resolviendo a posteriori, cuando ya el conflicto ha
sido solucionado por la administración y el servicio está funcionando.
Por lo tanto, considera que no hay conveniencia en crear esta