Sesiones 281 a 318 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

ocurre esto. En casi todas las otras, fórmulas utilizadas lo contenciosoadministrativo
queda sometido, en cierto modo, al Poder Judicial. En
España, por ejemplo, donde el Tribunal Supremo tiene salas especializadas
en el proceso administrativo, no se da el problema. Luego, al incluir esta
disposición el constituyente de 1925, copiando la situación francesa,
pretendió que, en Chile, el Poder Judicial se abstuviera de controlar la
administración. Tal estado de cosas fue haciendo crisis hasta que, en 1938,
en un fallo se estableció la absoluta incompetencia para conocer de la
actividad administrativa. En definitiva, alrededor del año 1938, el Estado de
Derecho en Chile era muy relativo en lo atinente al control de la administración,
Esta situación se fue paliando muy lentamente mediante
acciones muy sutiles. Se empezó a pensar que los tribunales podían
conocer la ilegalidad de los, actos administrativos, por vía indirecta, cuando
había un juicio entre particulares y uno de ellos invocaba un reglamento,
cuya ilegalidad podía ser discutida. Después, los tribunales administrativos
especiales; más adelante, leyes especiales. Pero siempre quedó afuera el
recurso de nulidad. Quizás nunca el tribunal administrativo se consideró
competente para anular una cosa así. Y se diría que esta evolución —la
cual, desafortunadamente, ha seguido siempre la misma línea llegó a un
punto extremo, al menos en su opinión. El año pasado, o el antepasado, se
dictó un fallo muy novedoso: se trataba nada menos que de un juicio de
indemnización de, perjuicios cuyo fundamento era la ilegalidad de una
resolución. Se elaboró a raíz de lo que técnicamente en Derecho
Administrativo se llama “recurso de plena jurisdicción”, en el cual se discute
la ilegalidad de un acto, no para anularlo, sino para condenar a la
Administración a indemnizar un perjuicio. Pero el recurso de nulidad, no.
Llama la atención de la Comisión en cuanto a que a juicio de los profesores
de Derecho Administrativo el proyecto de lo contencioso-administrativo es
de vital importancia, porque en definitiva significa llevar el Estado de
Derecho a un punto nunca alcanzado.
En definitiva, la Constitución tal vez debiera decir algo, A lo mejor
una frase del artículo correspondiente al inicio del Poder Judicial, la cual
podría referirse a las facultades de juzgar las causas civiles y criminales, y
agregar algo en relación con la administración; pero no un artículo especial,
porque ya no va a ser necesario.
El señor SCHIESSLER (Profesor de Derecho Administrativo de la
Universidad de Chile de Valparaíso, destaca que aquí hay dos aspectos.
Esto puede tener cierta relación con lo contencioso-administrativo; pero es
perfectamente posible que se den una serie de casos que no tengan
relación con aquello y en los cuales haga falta el mismo principio. De
manera que, supuesta la existencia de una ley sobre lo contenciosoadministrativo,
el principio de que se pueda recurrir a los tribunales, o,
mejor dicho, que los tribunales a falta de ley complementaria deban
resolver de acuerdo con la Constitución, cuando ésta ha conferido derechos
o los ha reconocido, parece buena la idea esencial del profesor Soto Kloss,
pero el texto propuesto lo estima malo.
Seguramente el profesor Soto Kloss —es una de sus grandes
preocupaciones, y lo ha hecho presente por la prensa e inclusive en algunas